CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Quince años después del ataque con explosivos contra la población durante la Ceremonia del Grito de Independencia, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno resolvió la procedencia de otorgar las primeras compensaciones subsidiarias a favor de dos de las familias afectadas la noche del 15 se septiembre de 2008.

Esta determinación, que forma parte de las acciones de reparación del daño por parte de las autoridades federales, consideradas en la Ley General de Víctimas, se tomó en cumplimiento de la sentencia emitida dentro del juicio de amparo 1825/2022 por el Juzgado en materia administrativa con sede en la Ciudad de México, informó la abogada Reyna Velasco Guerrero, asesora jurídica de un grupo de víctimas.  

Las notificaciones de la CEAV fueron entregadas a las dos familias el pasado viernes 22 y con estas resoluciones se reconoce el derecho de cinco víctimas directas y sus víctimas indirectas a ser compensadas económicamente por los daños sufridos con motivo del delito cometido en su agravio.

La medida llega después de un proceso legal de tres años que debieron seguir las personas afectadas desde que obtuvieron la calidad de víctimas y solicitaron se les otorgara dicha compensación. El ataque ocurrió dentro de uno de los momentos más álgidos dentreo de la guerra contra el narcotráfico que declaró en su momento el expresidente Felipe Calderón. 

De acuerdo con un comunicado emitido por la abogada Reyna Velasco, es importante señalar que estas compensaciones se otorgan a las víctimas del delito por parte del Estado cuando quien y/o quienes cometieron el delito en su contra se encuentran sustraídos de la acción de la justicia, hayan muerto o no se cuente con datos con los que se pueda identificar al responsable, como en este caso ha sucedido, en el que no hay ninguna persona responsable por el atentado en el que murieron ocho personas y más de cien resultaron heridas, cuyas secuelas todavía padecen muchos de ellos.

“Es decir, es una obligación del Estado al no poder otorgar justicia a las personas afectadas y con ello que quien y/o quienes cometieron el delito en su contra les repare el daño causado”.

Señaló que si bien es cierto que esta compensación no subsana las omisiones cometidas por diversas autoridades dentro de este largo proceso, que ha permitido que al día de hoy no se tengan responsables de este hecho, también lo es que representa un gran paso en favor de las víctimas, pues implica que el Estado asuma la responsabilidad que en la causa penal impide a las víctimas de este hecho obtener la reparación integral del daño y el acceso a la justicia.

Sin embargo, “queda aún un gran pendiente con las víctimas, ya que desafortunadamente mientras no existan procesados o sentenciados por estos hechos no habrá verdad ni justicia”, puntualizó Velasco Guerrero.