AGUASCALIENTES, Ags.- Con un Congreso local de mayoría panista y sus aliados del PRD y el PRI, la gobernadora de Aguascalientes por Acción Nacional, Teresa Jiménez, logró acomodar a amigos y militantes del PAN en el recién creado Tribunal Administrativo, órgano encargado de defender a ciudadanos contra abusos de autoridad y de sancionar a funcionarios públicos.

La jugada política permitirá a la mandataria blindar a su administración –y a la de capital, gobernada por el también panista e integrante de su grupo político, Leonardo Montañez Castro– de investigaciones administrativas por probables casos de corrupción.

El Tribunal fue creado a finales de julio para sustituir a la Sala Administrativa. Los cambios se produjeron luego de que Jiménez operara la aprobación en el Legislativo, en fast track, de una profunda reforma al Poder Judicial, misma que fue tachada como injerencista.

La reforma permitió a la mandataria elegir a discrecionalidad nueve ternas: cinco para el Tribunal Administrativo y cuatro para el Supremo Tribunal de Justicia, sin que los perfiles pasaran por un proceso transparente y exámenes de oposición, como ocurría cuando las propuestas eran realizadas por el Consejo de la Judicatura.

Por la reforma, el 11 de septiembre pasado, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se encuentra siendo analizada.

De cada una de las ternas, el Congreso eligió –a través de voto secreto–, a una persona para los nuevos cargos de impartición de justicia. En todos los casos la votación fue casi unánime, pues el único legislador que se posicionó en contra fue el morenista Juan Carlos Regalado, además de otros dos legisladores que dieron un voto nulo.

“Es completamente inadmisible que no tengamos claro que nuestra función como Poder Legislativo es justamente ser un equilibrio entre los tres poderes. Solamente decir que mi voto será en contra porque no estoy de acuerdo con que se dé un poder absoluto a uno solo de los poderes”, dijo en la Tribuna Legislativa. Después se retiró de la sesión.

El resto de la bancada morenista, segunda fuerza en el Legislativo con seis diputadas y diputados, no emitió ningún posicionamiento.

La magistratura de mayor periodo, por siete años, fue otorgada a Jaime Beltrán Martínez, un incondicional de la gobernadora que la acompañó durante sus dos administraciones como alcaldesa de la capital, ocupando el cargo de secretario del Ayuntamiento.

Embestida azul

En un Congreso abarrotado de panistas y funcionarios de los gobiernos estatal y municipal, los aplausos y abrazos no esperaron.

Jaime Beltrán se ha negado a responder por casos que involucran acusaciones de corrupción contra Jiménez, como el de un parque fotovoltaico que, a través de una Asociación Público Privada, compromete participaciones federales y recursos locales de la capital aguascalentense hasta 2050.

Aunque el parque no funciona, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desde 2019 se le han pagado más de 400 millones de pesos a la empresa que lo “opera”, Next Energy del Centro, misma que ha sido acusada en entidades como Baja California y la capital de Nuevo León por millonarios desfalcos e irregularidades de las que Proceso ha informado.

Beltrán es esposo de Paloma Amézquita, secretaria general del PAN en Aguascalientes, quien, en agosto pasado, llamó a quemar los libros de texto enviados por el Gobierno Federal.

Amézquita también es conocida por su cercanía con el Frente por la Familia, uno de los grupos conservadores más reconocidos en la entidad.

“No hay un impedimento respecto a la militancia que pueda tener cualquiera o cada uno de los que hemos sido electos. Me parece que los cinco tenemos nuestra trayectoria”, declaró a Proceso Beltrán Martínez, quien además afirmó ser parte del grupo político de la gobernadora sin que eso, dijo, comprometiera su independencia.

Además de él, fueron designados otros tres magistrados y una magistrada. Todos cercanos al PAN y a sus gobiernos. Las designaciones se realizaron para que los cargos sean de forma escalonada: dos para durar en el cargo tres años, y dos para permanecer cuatro años.

Los cinco, sin embargo, podrán ser reelegidos por un periodo adicional de siete años.

David Ángeles Castañeda, un hombre que milita en el PAN desde 1998 y ha sido funcionario en diversas administraciones de ese partido y diputado local de 2004 a 2007, fue designado para un periodo de cuatro años.

Actualmente el panista se desempeña como director de Reglamentos en el Municipio Capital.

Para el mismo periodo se designó a María Guadalupe Gallegos León, una abogada que en 2021 fue directora de Prevención de las Violencias y la Delincuencia en el Municipio de Aguascalientes. Y en octubre de 2022, al inicio de la administración de Jiménez, fue nombrada como procuradora de Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes en el DIF Estatal, a cargo de Aurora Jiménez Esquivel, hermana de la gobernadora.

Mientras que para el periodo de tres años fueron designados Marcos Javier Tachiquín Ruvalcaba, quien se desempeñaba como comisionado presidente del Instituto Estatal de Transparencia (ITEA), y Norma Morquecho Damasco.

En 2009, Tachiquín Ruvalcaba fungió como representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en Aguascalientes, y militaba en ese partido desde 2003.

Actualmente su nombre ya no se encuentra en el padrón del PAN, pero es considerado como un cuadro cercano al ex gobernador –también panista– Martín Orozco Sandoval, quien lo colocó en el órgano de transparencia estatal, donde los otros dos comisionados, Mónica Jiménez Rodríguez y Jorge Armando García Betancourt, también son panistas.

Norma Morquecho Damasco es militante de Acción Nacional desde 2014 y se desempeñaba como jefa del Departamento de Implementación de Programas Preventivos de la Secretaría de Administración en el Municipio Capital.

Durante la sesión del Congreso ocurrida este jueves, las y los diputados también designaron, sin debate alguno, a cuatro nuevas magistradas del Supremo Tribunal de Justicia para un periodo de tres años, con la posibilidad de reelegirse por siete años más.

Las cuatro nuevas magistradas, todas con carrera judicial y experiencia en ese ámbito, son Juana Patricia Escalante Jiménez, Janett Romo Zaragoza, Martha Elba Dávila Pérez y Ana Luisa Rea Lugo.

Las cuatro podrán reelegirse por un periodo adicional de siete años.

Rea Lugo, es actualmente jueza del Juzgado Segundo Penal, donde está radicada la causa judicial en contra del ex gobernador Martín Orozco Sandoval, acusado de tráfico de influencias y ejercicio indebido del servicio público.