Ciudad de México (Proceso).- Han pasado seis años del sismo del 19 de septiembre del 2017 y en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, existe un edificio dictaminado como de “alto riesgo”, que ya tiene orden de desalojo de un juez, pero que cinco de sus propietarios están amparados para no salirse ni permitir la reconstrucción del mismo, aún bajo el peligro inminente de que un próximo sismo los sepulte entre los escombros.

La negativa de esos cinco propietarios y la presunta complicidad de autoridades de la Comisión para la Reconstrucción y del Instituto de Vivienda (Invi) de la CDMX mantiene en vilo y sin casa a los otros 65 dueños de departamentos de las dos torres de nueve pisos cada una, en nueve mil metros cuadrados, ubicadas en la calle Aguascalientes 12. El 70% de ellos son adultos mayores, 13 ya fallecieron sin haber podido regresar a su hogar.

El peligro es mayor debido a que con el paso del tiempo el daño estructural de las torres ha incrementado su inclinación y en cuanto haya un nuevo sismo de gran magnitud podrían colapsar, sepultar a los que aún ahí habitan y dañar las instalaciones de la Casa del Divino Redentor de los Dominicos en México que está a un lado, el Cine Tonalá situado en la parte de atrás, mientras que los escombros podrían dejar huellas hasta en la escuela primaria “Benito Juárez”, una de las más grandes de la CDMX, localizada a unos pasos de ahí.

María de los Ángeles Moreno, representante de los 65 condóminos que están a favor de la reconstrucción, relata a Proceso que después del sismo del 19 de septiembre del 2017, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), dirigido por Renato Berrón, dictaminó en cuatro ocasiones que el edificio está en “alto riesgo de colapso”, debido a que está “gravemente dañado en su estructura” y fue catalogado en semáforo rojo dentro del Comité de Emergencias de la CDMX.

En el informe, el ISC dijo que la mayoría de las columnas del sótano y planta baja están fracturadas en su totalidad y la inclinación del edificio rebasa los límites de verticalidad por más de 25 cm desde el 2018. Ese diagnóstico obligaba a su demolición y posterior reconstrucción. De hecho, el entonces comisionado César Cravioto les dijo que se iba a demoler, pero eso no ha ocurrido, pues aún hay cinco departamentos cuyos propietarios se niegan a desalojarlos.

En 2021, cuando Cravioto regresó al Senado y lo suplió Jabnely Maldonado como comisionada para la Reconstrucción, cambió el diagnóstico y dijo que el costo de rehabilitación del edificio era mucho menor que de la reconstrucción. “Ella sólo ve el costo, no la gravedad que puede ocasionar. Está aferrada y dijo el edificio no se demuele”, dijo la entrevistada, quien asegura que tiene grabadas las palabras de la funcionaria.

Y agrega: “tengo videos en los que ella dice que ningún juez le va a dar una instrucción de lo que debe hacer”.

Sentencias, recursos… y sigue el peligro

Según la entrevistada, un Tribunal Colegiado y el juzgado Octavo de Distrito ordenó, según el incidente de suspensión es el 824/2021-1, el desalojo, la demolición y la reconstrucción del edificio. Incluso, los damnificados tienen un amparo definitivo que interpusieron ante las autoridades judiciales para que se dé cumplimiento a esa sentencia.

Además, asegura que la Judicatura Federal, a través del juzgado 1º de Distrito, ordenó realizar un peritaje, a cargo de Abraham Díaz de León Benard, ingeniero civil especialista en estructuras, designado por ellos mismos, para emitir una sentencia sobre el caso. El estudio comprobó que el edificio de Aguascalientes 12 se tiene que demoler.

No obstante, comenta que, durante todo este tiempo, los cinco propietarios han interpuesto y obtenido recursos legales para quedarse en los departamentos, aun bajo su propio riesgo, porque presuntamente tienen “problemas legales personales”, además de que argumentan que el edificio se puede rehabilitar.

Para colmo, Moreno Arroyo acusa que los titulares del ISC, Renato Berrón, y la comisionada para la reconstrucción, Jabnely Maldonado, entraron “a escondidas, por el estacionamiento”, --no por la entrada principal donde hay vigilancia que pagan los 65 propietarios, así como el mantenimiento--, para firmar con los cinco propietarios un proyecto y un convenio para rehabilitar el inmueble.

“¿Cómo es posible que Berrón, siendo la máxima autoridad en materia de seguridad para las construcciones, haya ido a firmar a escondidas un convenio para rehabilitar un inmueble catalogado como de alto riesgo e inhabitable?”, se pregunta entre incredulidad y enojo.

“Sheinbaum sabía… no cumplió”

La representante de los 65 damnificados recuerda que, en varias ocasiones, se dirigieron al entonces comisionado César Cravioto, hoy senador y uno de los principales operadores políticos de Claudia Sheinbaum. A la hoy virtual candidata presidencial de la Cuarta Transformación la buscaron en múltiples ocasiones cuando aún era jefa de gobierno de la CDMX para exponerles la situación de su inmueble. De ninguno obtuvieron un resultado a su favor.  

“Claudia Sheinbaum no cumplió con su promesa. No es cierto que nos cumplió”, sentencia.

Asegura que, en agosto del 2022, cuando aún era secretario de Gobierno, Martí Batres, tuvo que acudir a una audiencia ordenada por el juez para darse por enterado del asunto. Según la entrevistada, el exsenador “pasó desapercibido, con una gorra y cubrebocas, de incógnito y nadie se dio cuenta que estaba hasta que se salió y se quitó el cubrebocas. Fue una burla para los damnificados. Él sabe de nuestra situación”, asegura.

Y agrega que, en recientes reuniones con la actual comisionada Jabnely Maldonado, ella insiste en que “quiere rehabilitar el edificio en lugar de reconstruirlo, anteponiendo el costo beneficio a nuestra seguridad”.

Incluso, asegura que el Juzgado Octavo no ha podido emitir la sentencia definitiva, pues el ISC y la Comisión para la Reconstrucción, así como los cinco propietarios que aún habitan el edificio, “quieren presentar un nuevo peritaje a efecto de anular el ya existente”, hecho que retrasará aún más dicho proceso judicial.

En febrero pasado, por orden de Sheinbaum Pardo, la atención del inmueble de Aguascalientes 12 pasó de la Comisión al Invi, dirigido por Alonso Collazo. De esa autoridad, lamenta Moreno, sólo han recibido la respuesta de que no pueden hacer nada hasta que no se resuelva el asunto legal de mismo.

“Es una pérdida de tiempo y el edificio en cualquier momento se puede venir abajo… Es una bomba de tiempo que se va a convertir en una tragedia grave”, advierte.