CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, será quien analice la controversia constitucional tramitada por el gobierno de Chihuahua contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) por la impresión y distribución de libros de texto.

De inicio, el ministro deberá determinar si admite o no a trámite la demanda de controversia constitucional presentada desde el viernes pasado ante el Máximo Tribunal y si ordena suspender la entrega de los libros de texto gratuitos en Chihuahua.

"Con el escrito y los anexos, fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico relativo a la controversia constitucional que hace valer por Yadira Anette Gramer Quiñonez, quien se ostenta como Consejera Jurídica del Estado de Chihuahua, en contra de la Secretaría de Educación Pública Federal.

"Túrnese este expediente al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que instruya el procedimiento correspondiente, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal", señala el acuerdo de la SCJN.

En su demanda, registrada con el número 400/2023, el gobierno de Chihuahua señaló posibles violaciones a los procedimientos para la aprobación de los contenidos de libros de texto gratuitos.

Además, señaló como autoridades responsables a la titular de la SEP, Leticia Ramírez; la Subsecretaría de Educación Básica; la Dirección General de Materiales Educativos; la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos; la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio; la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos y la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial.

Si el ministro admite a trámite la controversia constitucional deberá elaborar el proyecto de resolución para que la Corte determine si el gobierno de Chihuahua tiene o no razón.

Además de la controversia, en la Corte también está pendiente la solicitud de la Unión Nacional de Padres de Familia para que algún ministro de la Segunda Sala atraiga el amparo que la organización tramitó contra la publicación y distribución de los libros de texto gratuitos.

En esta solicitud, la UNPF busca que la Corte sea quien tenga la palabra final sobre la prevalencia de la suspensión definitiva que fue concedida por la juez Tercero de Distrito en materia Administrativa para que los libros de texto se apeguen a planes y programas de estudio y no contengan ideologías políticas.

Ninguno de los ministros ha hecho suya la petición, sin embargo, si la Sala ejerce su facultad de atracción puede ampliar su análisis al fondo del asunto y no limitarlo sólo a la suspensión definitiva.