WASHINGTON (apro) – Por orden directa de su administradora, Anne Milgram, la oficina de prensa de la Administración Federal Antidrogas (DEA) de Estados Unidos cerró las puertas a la prensa mexicana para hablar sobre cualquier aspecto de la cooperación con México.

“Ella tomó la decisión, solamente ella puede hablar con los medios de comunicación que no sean mexicanos de lo que ocurre en México sobre el narcotráfico, y de la cooperación con el gobierno del presidente (Andrés) Manuel López Obrador”, revela a Proceso una fuente.

Por precaución y para evitar cualquier falta “administrativa”, la fuente, un funcionario de la DEA, pide al reportero que no se le mencione por su nombre para poder explicar lo que ha ocurrido en las oficinas centrales de la dependencia estadunidense con la llegada de Milgram.

Sentados en una de las mesas sobre la banqueta de un café y a unos cuantos metros de la Casa Blanca, pero suficientemente lejos de las oficinas centrales de la DEA, en un suburbio de la capital estadunidense, en Virginia, el funcionario explica las razones:

“Con la llegada del gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador empezaron los cambios. Nuestros agentes (54 asignados al territorio mexicano) se acostumbraron a hacer lo que querían con los gobiernos anteriores y ya no es así. La relación con la DEA dio un giro inesperado”.

“Primero ocurrió que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no aprobaba las visas para unos doce agentes y, luego, con la ley que instrumentó López Obrador, técnicamente ya no hubo acceso a lo que nuestros agentes tuvieron, especialmente con la PGR y la Policía Federal”, matiza el funcionario de la DEA.

Las dos dependencias que menciona la fuente ya no existen.

La PGR fue reemplazada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Federal se fusionó con elementos militares en la Guardia Nacional, ambas dependencias federales eran las contrapartes directas en México de los 54 agentes antinarcóticos estadunidenses.

Con la ley de seguridad instrumentada por el presidente López Obrador las operaciones de los agentes extranjeros, en especial los de Estados Unidos y en particular los de la DEA, se acotaron inesperadamente.

Cada mes, por esa ley --como Proceso lo ha documentado en distintas ocasiones-- la DEA tiene que entregar a la SRE un informe mensual sobre las actividades de sus 54 agentes: dónde andan, qué hacen y especialmente si entran o salen del territorio mexicano.

“Esa nueva ley molestó desde un principio, claro”, subraya el funcionario de la DEA, pero, anota, “cuando Milgram llega como administradora, a ella en particular le irritó lo del informe y pensó que podría exigir que el gobierno mexicano hiciera una excepción”.

“Hubo reuniones con autoridades de México en las que la administradora se imaginó que tenía la libertad de imponer condiciones y garantizar cambios, su posición y actitud empeoró las cosas. No sabe nada de los mexicanos ni de sus gobiernos”, establece el funcionario de la DEA.

Milgram: cerrazón

Los desencuentros con la jefa antinarcóticos de Estados Unidos ya habían sido notificados a Proceso. En un par de entrevistas el excanciller mexicano, Marcelo Ebrard había hecho referencia al asunto.

En los sexenios anteriores, con énfasis en el de Felipe Calderón cuando este lanzó la guerra militarizada contra el narcotráfico y acogió sin miramientos la desaparecida Iniciativa Mérida creada por afán de Estados Unidos, la DEA hizo su agosto en México.

Con Calderón, señalado de haber llegado a la presidencia mediante un fraude, los agentes de la DEA usaron a la guerra contra el narcotráfico como la plataforma que requerían para complacerse.

Durante el sexenio del expresidente surgido del PAN, los agentes de la DEA tuvieron carta libre, interceptaban llamadas telefónicas, capturaban a personas, las secuestraban y las sacaban de México a su antojo para llevarlas a Estados Unidos.

Cooptaban a narcos y los infiltraban en las redes de corrupción de los cárteles para abrir y elaborar expedientes judiciales a funcionarios del gabinete presidencial, Genaro García Luna, por ejemplo, a gobernadores jefes policiales y militares.

Los agentes de la DEA, antes que los ministerios públicos, tenían acceso a las averiguaciones previas en la PGR. Cuando Calderón nombró a Marisela Morales como procuradora, entre los agentes estadunidenses era recurrente decir en tono de burla que ya estaban metidos hasta en la cama de la dependencia encargada de las acciones judiciales federales.

Se fue Calderón de Los Pinos, lo reemplazó Enrique Peña Nieto y las cosas para la DEA en México no cambiaron.

Gracias a lo que habían edificado en materia de espionaje e injerencia, armaron acusaciones de relevancia como el encausamiento en contra del general Salvador Cienfuegos Zepeda, jefe de la Sedena con Peña Nieto.

“Cometimos errores porque nuestros agentes pensaron que nunca el gobierno mexicano cambiaría porque nos necesitan para contener el narcotráfico, un error que estamos pagando y seguiremos pagando y que la administradora no entiende”, añade el funcionario de la DEA.

Desde hace ya varios meses Proceso ha estado insistiendo a la oficina de prensa de la DEA para conseguir una entrevista con Milgram y hablar sobre la cooperación en el combate al narcotráfico entre Estados Unidos y el gobierno mexicano.

Al llamar al teléfono de la oficina de prensa de la DEA contesta una grabadora que pide dejar una solicitud mediante un correo electrónico a la dirección cibernética de la oficina general que atiende a medios.

Cuando llega la respuesta es también a través de correo electrónico con remitente y sin número de contacto. A la solicitud del reportero se contestó: “en estos momentos no es posible que ocurra la entrevista”.

El funcionario de la DEA que platicó con Proceso sostiene que esto es por orden directa de Milgram.

“Ella como exfiscal del estado de Nueva Jersey y que desconoce lo que pasa en México, no entiende que la prensa mexicana es esencial para explicar lo que se hace en la cooperación con el gobierno mexicano y que los medios de comunicación son irremplazables para exponer incluso a los narcotraficantes”.

“Nadie que no sea ella está autorizado para hablar con periodistas, lo que a muchos que llevamos muchos años en la DEA nos parece una equivocación enorme”, concluye el funcionario estadunidense.