CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Dos de los tres jornaleros reportados desaparecidos por el Concejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-Ez), en Chilapa, aparecieron sometidos en un video donde dicen pertenecer al grupo criminal de Los Tlacos.

Con las manos atadas a la espalda, los jornaleros pronuncian que dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (Crac-Pc-Pf) son guerrilleros y que en la década de los 90 emboscaron en tres ocasiones a la policía judicial de Guerrero y al Ejército.

El Cipog-Ez respondió que las declaraciones son difamaciones bajo tortura y reveló que sus tres compañeros fueron detenidos por una patrulla de la policía estatal.

El Concejo aseguró que, ante la exactitud de fechas en los ataques a policías y militares, sugieren que en el interrogatorio participaron criminales, la policía estatal y el Ejército.

El 17 de agosto, Marcelino Hernández Tecorral, de 23 años; Nicolás Rodríguez Díaz, de 25, y Ángel Villalba, de 29, fueron privados de su libertad en el trayecto de Chilpancingo hacia la cabecera de Chilapa. Todos con identificaciones de su comunidad, Zacapexco, a donde pretendían llegar.

El lunes 21 circuló un video en páginas de Facebook donde aparecen sobre una pared, sin playera y con las manos atadas, Ángel Villalva y Nicolás Rodríguez.

De frente a la cámara dicen que no vienen de Sinaloa sino de la zona del río Balsas y que son sicarios del grupo criminal Los Tlacos. Añaden que fueron enviados por los coordinadores de la Crac-Pc-Pf y el Cipog-Ez, David y Bernardino Sánchez Luna, Jesús Placido Galindo y Benjamín Sánchez Hernández.

“Nos mandaron apoyar a Los Tlacos, a pelear contra la Familia Michoacana. (…) Venimos a descansar por cinco días y regresar para llevar más gente porque no están dando mano”.

En otro fragmento, dicen que David y Bernardino Sánchez Luna toda su vida han sido guerrilleros y que pertenecieron al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y luego al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Además, mencionan las fechas de ataques a integrantes del Ejército y la entonces policía judicial del estado.

“Julio 1996, emboscaron a los militares en el Ahuejote, entre Chilapa y Tixtla. En 1998, emboscaron otra vez a los militares en la comunidad Tepozonalco, entre Chilapa y Atlixtac. En diciembre de 1992, emboscaron a los judiciales en la comunidad de Alcozacan”.

Este martes, el Cipog-Ez difundió un comunicado donde responde que son difamaciones obtenidas bajo tortura, enlistan una serie de agravios y dan detalles de la detención de los tres jornaleros. Además, apuntan la participación de la policía estatal y el Ejército en el interrogatorio.

En la lista de agravios aseguran tener más de cincuenta personas asesinadas, diez desapariciones forzadas, desplazamiento forzado de comunidades, así como órdenes de aprehensión y encarcelados por “delitos fabricados”.

“Aunados a la falta de acceso a los derechos más básicos: salud, educación, trabajo, acceso a la justicia, seguridad, identidad y al libre tránsito. Nuestras comunidades se encuentran cercadas por grupos del crimen”.

De los jornaleros, indican que fue en el crucero de Ayahualulco, donde hay un retén militar y estatal, donde fueron detenidos “cuando viajaban en una urban rumbo a Chilapa, por 4 hombres fuertemente armados, con ropa de policía estatal y una patrulla de la Policía Estatal.

“Lamentablemente, los tres secuestrados, tenían identificaciones que señalaban que pertenecían a Zacapexco, una de las comunidades del CIPOG-EZ, CRAC-PC-PF, por lo que fueron secuestrados y llevados a Ayahualulco.

“Destacamos que entre las declaraciones que dieron, hablaron de grupos guerrilleros y dan datos (de emboscadas). En estos años ellos (los detenidos) aún no nacían y son datos que no tenían los jóvenes. Es clara la insistencia en los ataques al ejército y la exactitud en las fechas y lugares.

“Estos datos están en la memoria del ejército y del Estado, que no perdona y guarda rencor, por lo que nos sugiere que en el interrogatorio y secuestro no sólo participaron Los Ardillos y la policía estatal, sino el ejército y el Estado”, dice el texto firmado por comisarios, autoridades y promotores del Cipog-Ez.

“El CIPOG-EZ, CRAC-PC-PF, no es un individuo, que somos 25 comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, con presencia en la Costa Chica y Costa Montaña, cuyo máximo órgano de toma de decisiones es la Asamblea y no un individuo que puede tomar decisiones, sean correctas o incorrectas”.

En el video no aparece Marcelino Hernández.

La Crac-Pc-Pf informó el mismo sábado del hallazgo de un cuerpo que fue trasladado al Semefo de Chilpancingo, por lo que no ha sido identificado por no poder salir de sus comunidades ante el riesgo de ser atacados.

En tanto, la carretera estatal Chilapa–José Joaquín de Herrera continúa bloqueada desde el pasado sábado para pedir la presentación con vida de sus compañeros retenidos.