Ciudad de México (Proceso).-- En la recta final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador su administración enfrenta más de 300 demandas de amparo interpuestas por pacientes con cáncer y con VIH que no reciben tratamientos, situación derivada de las medidas de austeridad implementadas por el gobierno federal.

Desde 2019, Andrea Rocha, representante legal de los quejosos, ha tramitado todas estas demandas entre las que se cuentan reclamos de niños con cáncer, personas con VIH que no reciben sus retrovirales, entre otros.

En entrevista para Proceso, Rocha comentó que ha visto un deterioro en el sector salud en los últimos 5 años, ya que en los amparos no sólo se solicitan quimioterapias, sino también que les realicen estudios a los pacientes.

“Ni siquiera te quieren dar consultas, ya no te quieren dar radioterapias o realizar cualquier estudio necesario para tu tratamiento simplemente porque las maquinas del IMSS hoy en día carecen de mantenimiento”, indicó.

Desde 2019 el gobierno federal eliminó el Seguro Popular para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que entró en vigor en enero de 2020.

Sin embargo, no existieron reglas de operación claras para el Insabi, mientras que el mismo 2020, año de inicio de la pandemia del Covid-19, el gobierno federal también eliminó los fideicomisos en materia de salud, circunstancias que, según Rocha, empeoraron la situación de los centros de salud donde los usuarios debían pagar para recibir los servicios.

Este año, el gobierno federal dio un nuevo revés al sector salud pues el 25 de abril de 2023 eliminó el Insabi para crear el IMSS-Bienestar, es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social absorberá ahora las tareas que tenía originalmente el seguro popular.

“Aquí viene otro gran conflicto porque volvemos a lo mismo. A la fecha, si vas a la Cámara de Diputados y le preguntas a los que tienen las comisiones ‘oigan, de que se va a subsidiar esto, no te saben decir”, comentó.

“El IMSS depende de las cuotas patronales y también de las personas que trabajan. ¿De qué manera va a subsistir el IMSS-Bienestar?”.

Rezago, cada vez peor

El más reciente informe del Coneval sobre Pobreza Multidimensional, publicado el pasado 10 de agosto, muestra que empeoró el rezago en los servicios de salud respecto del que había en 2018, pasando de 20.1 millones a 50.4 millones de personas sin acceso a estos servicios.

El informe señala que la mayoría de las personas está afiliada al IMSS (38.3%), mientras que un 13.1% declaró tener acceso a la salud por medio del Insabi.

De acuerdo con el reporte “Radiografía del Desabasto de Medicamentos en México 2022” de la organización Cero Desabasto, 2021 fue el año con mayor número de amparos tramitados en contra de las instituciones de salud mexicanas, con dos mil 307 amparos, por la ausencia de medicamentos y servicios para atender diversas enfermedades.

El IMSS fue de las instituciones con más demandas de amparo, con mil 299 en ese año, mientras que en 2022 fueron mil 42.

Uno de los casos que Andrea Rocha ha apoyado es el de Cristian Marisela Hernández Magaña, quien padece cáncer de mama, el cual hizo metástasis en los huesos debido a la falta constante de tratamiento.  

El pasado 2 de agosto Cristian Marisela subió un video en redes sociales donde pidió ayuda debido a que llevaba un mes sin que la Clínica 4 del IMSS en Zamora, Michoacán, le dé su medicamento, que es una vacuna llamada Trastuzumab que ayuda a detener la expansión del cáncer de mama y tiene un valor aproximado de 50 mil pesos.

“Tengo dos recetas pendientes sin mi medicamento. Incluso el IMSS ya sabe, le he mandado correos electrónicos, no sé por qué no me ha contestado. No quiero ser grosera, estoy desesperada”, afirmó en el video.

El desabasto de medicamentos en el #IMSS es en todo el país, las pacientes con cáncer de mama viven con temor porque un día sin su tratamiento es un día menos de vida. Aquí el testimonio de Cristian.?? pic.twitter.com/5szsoa7S9p — Andrea Rocha (@Andrearocharm) August 2, 2023

El año pasado, Cristian Marisela llegó a la Ciudad de México en la Caravana Por la Salud en la que pacientes de diversos estados buscaban reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir su intervención.

A finales de julio de este año, Cristian Marisela, Mayra Alejandra Pérez Santoyo y Jesús Salazar Zarabia, también pacientes con cáncer de la Clínica 4 del IMSS de Zamora, acudieron con la abogada Rocha al Poder Judicial de la Federación (PJF) y presentaron una demanda de amparo para que las autoridades sanitarias atiendan sus casos.

Para el 2 de agosto, el juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México les concedió una suspensión de plano en la que ordenó a los directivos de la Clínica 4 en Zamora que les garantice los servicios de salud que necesitan.

“Que las autoridades responsables, de manera inmediata y en el ámbito de su respectiva competencia, realicen todas las gestiones y/o trámites pertinentes y necesarios para que se les brinde la atención médica integral que requieran, en atención a los padecimientos que, bajo protesta de decir verdad, manifestaron padecer. En el entendido de que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables el garantizar que la parte quejosa no sea privada ni se le restrinjan o niegue la valoración correspondiente, los cuidados, tratamientos y dotación de medicamentos necesarios a fin de preservar su salud y vida”, indicó el juez.

“Al señor Jesús le negaron sus radioterapias, que es para extinguir sus tumores de cáncer, ya que argumentaron que la máquina no sirve por falta de presupuesto”, explicó Andrea Rocha, quien agregó que su representado ya tiene metástasis.

En su demanda, Jesús Salazar relató que en su clínica lo enviaron a León, Guanajuato, traslado que tuvo que cubrir y que necesitaba un estudio llamado Gamma Grama, con un costo de 30 mil pesos en una clínica privada, pero que en el IMSS le dijeron por escrito que no había presupuesto para realizarlo a través del servicio de dicho Instituto.

Luego de ser notificadas del amparo, las autoridades de la clínica de Zamora ofrecieron a Jesús Salazar enviarlo a otro centro de salud del IMSS o que se hiciera el estudio en una clínica privada cuyo costo sería cubierto por el propio Instituto, mismo que en todo momento le ha negado servicios por falta de recursos.

Mientras que Mayra Alejandra requería, además de Trastuzumab, una consulta para revisar su cáncer de mama pues su última cita médica fue el 5 de febrero y la siguiente fue programada hasta el 8 de diciembre próximo.

Infancias rotas

En el año 2019 los padres de Evan Omar Polina, de 2 años de edad, originario de Nuevo León, tramitaron un amparo para que la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) N° 25 del IMSS le suministrara quimioterapias.

Aunque Evan obtuvo la protección constitucional, fue demasiado tarde.

La falta constante de su tratamiento provocó que el niño falleciera en diciembre de ese mismo año, por lo que en diciembre de 2020 sus padres denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) al presidente Andrés Manuel López Obrador; al director del IMSS, Zoé Robledo y al secretario de Salud, Jorge Alcocer, por homicidio debido a la falta de medicamentos oncológicos para el tratamiento de su hijo.

El IMSS negó haber suspendido el tratamiento del pequeño y afirmó incluso que en todo momento le fue garantizado el mismo.

El pasado 6 de agosto, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Nuevo León concedió una suspensión de plano y definitiva para que la UMAE No. 25 garantice el tratamiento y las medicinas a una niña de 5 años que padece Atrofia Muscular Espinal TIPO I.

Por unanimidad, los magistrados del Colegiado determinaron que el IMSS puso en riesgo la vida de la niña al no suministrarle sus medicamentos y tratamiento y exigió a los directivos del hospital que supervisen personalmente el caso.

Andrea Rocha comentó que, si no tienes un amparo, es difícil acceder a servicios de salud que el Estado debe de garantizar pero que a veces las personas no acuden a esta opción por miedo a las represalias de las autoridades que además desdeñan la efectividad de este mecanismo de protección de derechos humanos.

“El año pasado, que realicé la caravana, me reuní con el secretario de Salud y me comentaba que los amparos no servían, ellos mismos como autoridad mencionan que los amparos no funcionan. Eso es falso, completamente falso, porque, al contrario, hay una autoridad que vigila que efectivamente recibas tu tratamiento y en caso de que no, hay repercusiones, hay sanciones y claro que te lo dan”, comentó.

Consideró que las mismas autoridades generan un estigma en contra del amparo y que incluso prometen dar los tratamientos y medicamentos, pero no cumplen pese a ser su obligación.