CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones ambientalistas acusaron a Petróleos Mexicanos (Pemex), a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y al presidente Andrés Manuel López Obrador de “minimizar y normalizar” un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

El derrame de crudo pesado, que tuvo lugar a principios de junio en Balam Tango Bravo, se extiende por más de 200 kilómetros cuadrados. No obstante, hasta la fecha, Pemex no ha ofrecido una explicación detallada sobre la catástrofe, lo que ha generado una atmósfera de desconfianza entre las organizaciones y el gobierno.

Las organizaciones –entre ellas Greenpeace– cuestionan que la petrolera del Estado mexicano se haya demorado 16 días para cerrar los pozos ante el derrame en Balam Tango Alpha, iniciado el 3 de julio, según lo afirmado por la compañía en un boletín reciente.

También las descripciones proporcionadas por Pemex han sido objeto de críticas. Por ejemplo, el término “iridiscencia”, utilizado para describir la mancha, es inapropiado, ya que está científicamente demostrado que ese fenómeno se relaciona directamente con la contaminación por hidrocarburos.

Hay además discrepancias evidentes entre los espesores del derrame informados por Pemex y los que pueden observarse en las imágenes satelitales, lo que ha llevado a cuestionar la precisión y la transparencia de la información que proporciona la compañía.

En contraposición, las organizaciones ambientalistas presentan datos respaldados por imágenes satelitales y bibliografía científica que confirman los informes del Instituto de Geografía de la UNAM.

Sin embargo, lamentan, en la información proporcionada por Pemex existen aún más vacíos que dificultan efectuar una evaluación completa de los impactos ambientales y de las medidas de mitigación implementadas.

Cuestionamientos fundamentales

Ante la falta de claridad del gobierno, las organizaciones solicitaron a las instituciones responder algunos cuestionamientos fundamentales sobre los impactos ambientales del derrame, las medidas de contención y remediación emprendidas y la situación de las comunidades costeras y del medio ambiente afectados.

Asimismo, proponen diseñar medidas concretas para superar las deficiencias identificadas. En primer lugar, solicitan a la ASEA aumentar la transparencia de sus reportes, con el objetivo de reducir las inconsistencias en la información, y facilitar evaluaciones más precisas de la situación.

En segundo lugar, urgen a Pemex a revisar sus protocolos de respuesta ante derrames, para garantizar una acción inmediata y efectiva en casos de futuros desastres similares.

Las organizaciones consideran importante establecer un plan de retiro de la infraestructura obsoleta, en el que se priorice la seguridad por encima de las metas productivas.

Subrayaron que la falta de mantenimiento y los rezagos en la modernización de la infraestructura petrolera representan un riesgo para el medio ambiente y para las comunidades cercanas.

Los riesgos de la “normalización”

Pero la preocupación de las organizaciones no sólo se debe a la falta de claridad y acción de la petrolera y de ASEA, sino también a la posibilidad de que la normalización que hace el gobierno sobre estos desastres podría indicar que se trata de un patrón recurrente de la operación en la región.

Tras los recientes tres desastres de gran escala, ocurridos en un breve lapso, las organizaciones alertan sobre el daño ambiental ocasionado y la falta de medidas correctivas de Pemex.

Las organizaciones enfatizan que ningún proyecto energético debe justificar el sacrificio de poblaciones y territorios. Alertan que el derrame en el Golfo de México es un claro recordatorio de los peligros y consecuencias asociadas a una explotación petrolera falta de responsabilidad y de transparencia.

Asimismo, advierten que el daño ambiental causado por el derrame en el Golfo de México afecta a la flora y a la fauna marina, además de que tiene consecuencias devastadoras para las comunidades que dependen del ecosistema costero para su sustento y subsistencia.

El miércoles pasado, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, negó que el crudo que apareció en las playas de la costa del Golfo de México procediera del derrame de unos mil 350 barriles provocado por una fuga en un oleoducto, y sugirió que provendría de una filtración natural de los respiraderos del fondo marino.