WASHINGTON (apro).- Desde el final de la emergencia sanitaria por Covid-19 en Estados Unidos, en mayo pasado, el gobierno de Joe Biden ha deportado a México a más de cuatro mil ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

“Desde que terminó el Título 42 (emergencia sanitaria), en mayo, hemos repatriado a México a más de cuatro mil personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela”, puntualizó en conferencia de prensa virtual el subsecretario de Seguridad Interior, Blas Núñez-Neto.

Concluida la emergencia sanitaria o Titulo 42, el gobierno de Biden advirtió a los ciudadanos de los cuatro países mencionados, además de a otros migrantes procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala, que si intentaban ingresar ilegalmente a los Estados Unidos y eran detenidos serían enviados a México.

Las restrictivas medidas migratorias de la presidencia de Biden buscan controlar el ingreso ilegal de miles de migrantes que quieren entregar sus solicitudes de asilo por razones humanitarias, ya sea por estar huyendo de la pobreza extrema, la violencia o el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos, por medio de los departamentos de Seguridad Interior, de Estado y de Justicia, ha sido enfático con los solicitantes de asilo en que si en un cruce son detenidos como indocumentados en territorio estadunidense, no se les aceptará su petición, aun cuando sea justificada.

Como alternativa para evitar cometer un ilícito, el gobierno de Estados Unidos ofrece a los migrantes centroamericanos, caribeños y sudamericanos, la posibilidad de solicitar una cita para presentar su petición de asilo o por medio de los centros de procesamiento ubicados en otros países.

Si algún solicitante de asilo entra como indocumentado a Estados Unidos y es detenido por las autoridades migratorias de ese país, puede quedar sujeto a una suspensión de cinco años para volver a presentar su pedido, o ser enviado a prisión si reincide en el cruce transfronterizo.

Conflicto jurídico por la política migratoria de Biden

Esta semana un juez federal en California determinó la nulidad de las medidas aplicadas por el gobierno de Biden para el procesamiento de asilo.

El juez argumentó que la ley nacional aprobada por el Congreso federal no limita las peticiones a quienes lo hagan desde fuera o incluso si lo hacen dentro del territorio estadunidense habiendo ingresado como indocumentado.

La Corte federal californiana dio al gobierno de Biden un plazo de 14 días para acatar su orden, ante la posibilidad de que la Casa Blanca apele el fallo del juez, como ya adelantó que lo hará.

La participación mexicana

Núñez-Neto declaró en la sesión con la prensa que la participación de México es como receptor de migrantes liberados condicionalmente (siendo enviados a territorio mexicano), en el marco de la estrategia humanitaria enfocada al caso de los peticionarios de asilo.

“Involucra los canales legales y seguros de migración y también las consecuencias para quienes crucen de manera ilegal la frontera sur de Estados Unidos”, subrayó el subsecretario de Seguridad Interior.

El funcionario del gobierno de Biden se rehusó a dar a conocer si el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador les comparte el número de migrantes detenidos por la Guardia Nacional en la frontera sur mexicana.

“Eso es algo que debe responder el gobierno mexicano”, acotó Núñez-Neto, quien aprovecho la pregunta de Proceso para machacar que nunca como ahora se ha tenido tan buena colaboración con México en materia migratoria.

Por medio de la Guardia Nacional, el gobierno mexicano, desde la presidencia de Donald Trump y ahora con la de Biden, actúa como agente migratorio del gobierno de Washington, deteniendo en territorio mexicano a migrantes centroamericanos, caribeños y sudamericanos que pretenden llegar como asilados a Estados Unidos.