CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Las políticas adoptadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y condiciones de la economía internacional colocan al sector minero privado del país en números rojos no vistos en muchos años.

De acuerdo con el Informe Anual 2023 de la Cámara Minera de México (Camimex), el valor de la producción minero-metalúrgica nacional sumó un total de 316 mil 956 millones de pesos o 15 mil 751 millones de dólares en 2022, monto que representó un decremento de 5.3% respecto del año anterior, reflejando las dificultades por las que atraviesa el sector.

En México, detalla el documento, la minería es un sector esencial de la economía nacional, pues abastece a más de 70 sectores productivos. Además se encuentra presente en 696 comunidades ubicadas en 212 municipios del país. 

No obstante, detalla el informe, en 2022 se registró un decremento de 0.6%, ya que la minería se vio afectada no solamente por el contexto internacional, también por condiciones internas que afectan su dinámica y competitividad.

Como consecuencia, el sector disminuyó ligeramente su participación en el Productos Interno Bruto (PIB) nacional, de 2.50% en 2021 a 2.46% en 2022, mientras que en el PIB industrial se redujo de 8.78% a 8.63% en esos mismos años.

La Camimex expone su preocupación por la incertidumbre sembrada por el gobierno mediante sus políticas que frenen la inversión.

Los proyectos mineros en desarrollo, construcción y puestos en marcha en 2022, con presupuestos previamente autorizados, así como las operaciones existentes registraron un monto de cinco mil 265 millones de dólares, un alza de 9.5% respecto de 2021. 

Sin embargo, recuerda el documento, no se logró alcanzar la proyección para este año, de cinco mil 539 millones de dólares. 

“Esta baja obedeció a las condiciones de no otorgamiento de nuevas concesiones y al retraso de permisos, sobre todo en materia ambiental”. 

Con relación al indicador de exploración, éste subió 4.8% reportando un monto de 572 millones de dólares en 2022. Para 2023 se calcula una inversión muy similar a la registrada el año pasado, cifra que continúa por debajo del nivel alcanzado en 2012.

Respecto de la Inversión Extranjera Directa en Minería ésta pasó de cuatro mil 833 millones de dólares en 2021 a mil 693 millones en 2022, lo que significa una disminución de 66.8 por ciento.

“Esta baja en la minería extractiva se debió a factores como la alta inflación causada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, la desaceleración económica global y la incertidumbre sobre las políticas del actual gobierno mexicano, lo que provocó una menor llegada de capitales extranjeros al sector”, explica el informe anual.

Aún peor, previó que las proyecciones para la IED no son alentadoras, debido a las reformas mineras recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión, que han generado preocupación entre los inversores. 

Cuestionada impugnación

El 8 de mayo último en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicaron las reformas a la Ley Minera, de Aguas Nacionales, de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Con esto se establece que las concesiones mineras tendrán una duración de 30 años, con una primera prórroga de 25 más y la posibilidad de extenderla otros 25, es decir, que tendrán una duración máxima de 80 años en lugar de cien años, como lo establecía la ley anterior. 

Asimismo las concesiones podrán ser canceladas por la Secretaría de Economía (SE) si las empresas mineras no realizan oportunamente los pagos de las contribuciones por dos ejercicios consecutivos, si no presentan los informes a los que están obligadas o por no iniciar los trabajos correspondientes en el plazo de un año.

Además, será la SE, vía el Servicio Geológico Mexicano (SGM), la encargada de dirigir la exploración del territorio nacional para identificar y cuantificar los recursos minerales potenciales del país.

El 7 de junio pasado 198 legisladores del PAN, PRI y PRD impulsaron impugnaciones contra la Ley Minera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Al impugnar la nueva Ley de Minería se impugnan derechos como la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, que deben ser garantizados porque son obligaciones del marco convencional de los derechos humanos y de la Constitución Mexicana”, expusieron las organizaciones que conforman La Colectiva Cambiémosla y reúne a pueblos, comunidades, organizaciones civiles, movimientos, personas académicas, defensoras de la tierra y el territorio organizados para impulsar cambios profundos en la Ley Minera.. 

Al impugnar, agregaron, los legisladores de PAN, PRI y PRD favorecen los intereses de las empresas mineras que durante 31 años han contado con una ley “que les permitió especular con los bienes de la nación, violar derechos, contaminar el agua, arrasar con el ambiente, deforestar, violentar a las comunidades y destruir y saquear los bienes naturales del país”.

De acuerdo con la Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía, en 2022 se identificaron 167 empresas con capital extranjero operando en México, de las que 71% correspondieron a capital canadiense, 10% a capital estadunidense y 5% capital australiano, además de registrarse empresas de Japón, Corea, Reino Unido, China, India, España y Francia, principalmente.

En 26 estados existen mil 218 proyectos mineros, concentrándose el mayor número en Sonora, con 282; Chihuahua, con 160, y Durango, con 128. 

Un total de 263 proyectos están en etapa de exploración, 77 en producción, 33 en etapa de desarrollo, mientras que 837 proyectos están postergados y ocho operaciones se reportan en cierre. Del total de proyectos, 751 corresponden a metales preciosos, 182 a minerales polimetálicos, 167 a cobre, 74 a mineral de hierro, 24 a litio y los 20 restantes a otros metales y minerales.

“Ante la baja en la inversión en exploración y, como consecuencia la falta de nuevos descubrimientos, así como de proyectos en etapa de desarrollo, dieron como resultado una serie de acuerdos de fusiones y adquisiciones en activos de oro y plata derivado de la baja de precios en estos metales que generaron oportunidades de compra en el país”, señaló el Informe de la Camimex. En ese contexto México va perdiendo atracción a nivel internacional. 

Descalabros

Durante 2022 México se posicionó en el sitio 37 en el Índice de Atracción de Inversión, lo que significó un retroceso de tres lugares con respecto de 2021. Como tendencia, el atractivo de México como destino de inversión se ha deteriorado en los últimos 12 años, ya que, con respecto de 2010, ha descendido 17 lugares.

En América Latina nuestro país se ubicó en el noveno escalón en 2022, lo que representó un descenso de tres lugares respecto del año previo; cabe señalar que esta posición es desfavorable si se considera que se evalúan en total 13 jurisdicciones en la región.

El retroceso de México en el Índice de Atracción de Inversión se debió a la baja en la puntuación del Índice de Política Minera, que de un total de 60.67, en 2021, pasó a 40.10, en 2022;      una caída de 20 puntos.

Según la Camimex, en cuanto a las variables del Índice de Política Minera, las evaluadas con menor competitividad para México en 2022 fueron seguridad, al ubicarse en el sitio 60 de las 62 jurisdicciones; legislación laboral, en el sitio 58, y régimen fiscal, en el 56. 

Por su parte las mejor evaluadas fueron disponibilidad de mano de obra, que se ubicó en el lugar 15; calidad de la infraestructura, en el 22, e incertidumbre sobre áreas protegidas, en la posición 24.

De acuerdo con el presidente de la Camimex, José Jaime Gutiérrez Núñez, la crisis del sector minero mexicano ha sido consecuencia de un entorno internacional volátil, de la reducción del efecto de rebote en la recuperación económica que se presentó en los primeros trimestres de 2021 y de distintas condiciones que han mermado la competitividad de la industria minera, como la falta de incentivos a la exploración y el consecuente desarrollo de nuevos proyectos mineros.

El documento sentencia: “En 2023 los desafíos para la minería se mantienen. Se aprobó en el Congreso una iniciativa para modificar la ley minera y otras disposiciones aplicables a nuestra actividad. 

“Como sector manifestamos a los legisladores y autoridades nuestras preocupaciones ante las consecuencias y falta de certidumbre que generaría la implementación de las reformas que se promovían en un primer proyecto presentado”.