TOLUCA, Edomex. (apro).- Los nueve detenidos por el incendio de un local en la Central de Abastos de Toluca ocurrido durante la madrugada del pasado 10 de julio, donde fallecieron nueve personas, entre ellas tres menores de edad, fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Cinco de ellos, eran integrantes de la Mesa Directiva y se encuentran señalados de planear, organizar y ordenar la agresión para desalojar a las víctimas -comerciantes minoristas- de los espacios que ocupaban en la nave comercial número 7.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) expuso que Pascual “N”, Bryan Alejandro “N” y Jhoan Daniel “N”, presidente, tesorero y asesor del Consejo de Administración de la Central de Abasto, respectivamente; David Jehuel “N”, responsable del Jurídico, y Mateo “N”, encargado de seguridad en la misma Central, presuntamente son los autores intelectuales del siniestro.

La dependencia indicó que las investigaciones y declaraciones recabadas aportan indicios para establecer que estos sujetos amenazaron en diversas ocasiones a las víctimas para que desocuparan el área donde laboraban.

Con ese propósito, iniciaron acciones legales en su contra, pero no concretaron su propósito por esta vía debido a que los comerciantes minoristas obtuvieron, a través del juicio de amparo, una suspensión provisional que impedía su desalojo.

Derivado del impedimento jurídico, el ministerio público indicó que la administración optó por las amenazas abiertas y directas, como segunda alternativa, e incluso llegó a simular un cateo a los locales para supuestamente localizar drogas, y hasta recurrió a la extorsión a través del responsable del Jurídico, quien les habría advertido que, de que de no irse, los “sacaría a como diera lugar”.

En tanto, Arturo “N”, Edmundo “N”, Héctor “N” y José Miguel “N”, integrantes del servicio de seguridad privada en el centro de abasto, son acusados de participar en los hechos al acatar instrucciones para no acudir al lugar mientras la agresión se concretaba.

La Fiscalía mexiquense expuso que incluso el servicio de energía eléctrica de las instalaciones fue deliberadamente suspendido previo al evento, inhabilitando algunas videocámaras; y se permitió el libre acceso de los agresores y su escape a través de las salidas que el personal de seguridad privada controla de manera permanente.

Estos empleados también son señalados de impedir el acceso a las autoridades para atender la emergencia, obstaculizando el debido auxilio a las víctimas, a pesar de ser obligación de los encargados de la seguridad del lugar realizar el llamado de emergencia mediante el sistema al que se encuentran conectados, lo que no ocurrió oportunamente.

Como medida cautelar, los acusados permanecerán en prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez durante dos meses, plazo establecido para concluir la investigación complementaria.

Los hechos que se les imputan ocurrieron las primeras horas del pasado 10 de julio, cuando varios individuos armados ingresaron al área conocida como “Isla”, donde se encontraban comerciantes minoristas, realizaron disparos con las armas que portaban (las autoridades afirman que eran cortas) y prendieron fuego al sitio, aunque la FGJEM no ha precisado la situación en que éstos se encuentran.