CULIACÁN, Sin.– En Sinaloa la autoridad presume una incidencia a la baja en homicidios dolosos en los últimos dos años. Sin embargo, en el esclarecimiento de estos crímenes la deuda de justicia con la ciudadanía es grande. 

En realidad, los 229 homicidios ocurridos entre enero y mayo de este año representan un incremento de 12% con respecto de las cifras del mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Sinaloa se ubica en el lugar número 27 en incidencia delictiva nacional, al registrar tres mil 453 delitos totales durante 2022. Sobre homicidios dolosos la actual administración reporta 471 casos durante ese año.

Este 2023 de los casi 230 asesinatos ocurridos en Sinaloa, en Culiacán se han reportado 137 en los primeros cinco meses. Eso significan 60% del total ocurrido en ese lapso. 

Después está Guasave, con 24; Mazatlán, con 14; Ahome y Navolato, con nueve, y el resto de los homicidios dolosos están repartidos en los demás municipios.

Entre estos delitos se incluyen varios asesinatos de alto impacto no resueltos que han cobrado la vida de un artista, políticos, una madre rastreadora, un periodista, e incluso de elementos de seguridad pública. Estos homiocidios siguen impunes.

El caso más reciente es el de Maximiliano Corrales, de 27 años e integrante de la Compañía de Danza Contemporánea del estado, cuyo cuerpo fue encontrado el 21 de abril último flotando en las aguas del río Humaya.

El 30 de junio pasado familiares y amigos del artista volvieron a salir a las calles a exigir justicia, como lo han hecho desde el homicidio. Si bien las autoridades los han atendido en varias ocasiones, las diligencias de la autoridad no muestran avances para la captura del o los responsables. 

El padre del joven artista es maestro de profesión. Su nombre es Gregorio. Son originarios de Cosalá, municipio serrano de Sinaloa, pero su hijo residía en la capital del estado y ahí le quitaron la vida. El profe Goyo, como es conocido, recuerda a su hijo:

“Era un chavo muy feliz, se la pasaba bailando todo el tiempo, todo el tiempo. Siempre estaba pensando entre uno y otro proyecto, él perteneció a grandes compañías en México y siempre lo buscaban por esa fuerza y esa energía que él tenía para estar en el escenario”. 

Durante la última manifestación, familiares y amigos de Maximiliano no fueron recibidos por ningún funcionario de procuración de justicia o del estado. El caso está entrampado.

Contra periodistas y activistas

Junio concluyó con 48 homicidios en Sinaloa, entre los que se cuentan cuatro mujeres y el exregidor en Culiacán Alejo Valenzuela López, un político con trayectoria en el PAN y Movimiento Ciudadano; este último partido lo dirigió en la capital de Sinaloa.

Su cuerpo fue hallado el 24 de junio pasado con signos de quemaduras al interior de su domicilio. La autoridad no ha brindado más información sobre el caso. 

Otro caso que llama la atención es la muerte de María Beatriz León, exalcaldesa de Sinaloa municipio, que la autoridad asume como accidental. Sin embargo, varias personas de su círculo cercano insisten en que se trató de un homicidio. 

Su deceso ocurrió el 20 de junio pasado en circunstancias sospechosas. La mujer, que ocupó en dos ocasiones este cargo, cayó a bordo de su vehículo KIA a un canal, donde falleció ahogada.

Fuentes allegadas a la propia víctima explican que días antes su padre e hijo, junto con un colaborador, fueron levantados y posteriormente liberados. Horas más tarde María Beatriz León fue encontrada muerta en el fondo de un canal de riego. El hecho no ha sido clasificado hasta ahora como homicidio, pero la fiscalía tampoco ha dado a conocer en qué basa la línea de investigación de que fue un accidente. 

Además de políticos y artistas, en Sinaloa también asesinan a periodistas y defensores de derechos humanos. Entre los casos más sonados se encuentran los de Luis Enrique Ramírez Ramos y la rastreadora Rosario Lilián Rodríguez Barraza, ocurridos en mayo y agosto del año pasado, respectivamente. 

Sobre Ramírez Ramos, el mismo gobernador Rubén Rocha Moya ha admitido que el caso se encuentra estancado y sin resolver, pese a que los presuntos autores material e intelectual han sido plenamente identificados, pero sin detenidos hasta el momento.

“Me mortifica no tenerles una respuesta a los periodistas en el caso de Luis Enrique”, dijo el mandatario previo al primer aniversario luctuoso del periodista.

El reporte de las autoridades señala que el cuerpo de Luis Enrique fue encontrado en la colonia Antorchista, ubicado en el sector sur de Culiacán en las inmediaciones del ejido El Ranchito.

“Él era mi amigo y yo lo que les digo es que hasta donde nos alcance las fuerzas vamos a trabajar para que ustedes hagan su trabajo manteniendo su integridad física”, añadió.

La Fiscalía General de Sinaloa ofrece incluso una recompensa de 1 millón de pesos para quien proporcione información para la captura de los presuntos homicidas, identificados como Jorge Ernesto Gómez Galván y Samuel Rodolfo Vizcarra Velarde.

Respecto de Rosario Lilian, la mujer rastreadora, fue asesinada en Elota el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas por Desaparición Forzada. Ella iba saliendo de una misa para recordar a su hijo desaparecido en octubre de 2019. La mujer ya había recibido amenazas. 

Otro caso que causó gran impacto en el estado, pero éste desde 2021, es el del activista por los derechos de los indígenas de la sierra sinaloense, el profesor José Román Rubio López, ejecutado junto con Esteban López Beltrán, primo del exgobernador Mario López Valdez.

Venía de entregar despensas en pueblos de la zona. Su desaparición se reportó a las 23:00 horas del 20 de julio de 2021, y al día siguiente fue encontrado sin vida en un predio. El homicidio ocurrió semanas después de las elecciones en las cuales participó como candidato por Morena a diputado local.

El profe Román Rubio fue reconocido como un impulsor de los derechos de los indígenas tarámaris de la sierra de Sinaloa, formando el Colectivo Tarahumara Sinaloense. 

Su homicidio provocó reacciones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pero tampoco ha sido esclarecido.

Riesgo permanente 

Entre enero y junio de este año en Sinaloa han asesinado a cuatro elementos de seguridad. Uno de ellos el del joven integrante de la Policía Estatal Preventiva Ángel Eduardo Rivera Mondaca, ejecutado durante los eventos del 5 de enero de 2023, conocidos como el segundo “jueves negro” o el “Culiacanazo 2.0”. 

En los hechos el joven elemento de seguridad quedó atrapado en el fuego cruzado entre militares y grupos armados. Los disparos, según audios filtrados durante los hechos, fue que un helicóptero del Ejército le disparaba a una patrulla de la Policía Estatal Preventiva.

“Nos está tirando a nosotros, nos está tirando a nosotros”, gritó a través de la radio el subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Carlos Alberto Hernández Leya durante el ataque, mientras daba parte al c4 sobre los disparos. “El boludo nos está tirando a nosotros, c4”. 

El ataque fue perpetrado en la comunidad rural de Culiacán conocida como La Campana, a unos kilómetros de Jesús María, luego del estado de sitio que se vivió en la capital sinaloense por la captura de Ovidio Guzmán López.

Otro homicidio de alto impacto en Culiacán fue el de Juan Miguel Silva Alvarado, conocido como el comandante Bóxer. Habían pasado horas desde que fue nombrado subdirector de la Policía Municipal de Culiacán, era su primera comisión como tal y fue abatido a tiros afuera del edificio 120 en el sector Tres Ríos de la capital de Sinaloa, una zona muy exclusiva.

Con 45 años de edad y 23 como agente municipal, la noche del 6 de agosto le dispararon a las 22 horas, pese a que iba con sus escoltas, quienes salieron ilesos. 

En este caso también prevalece la impunidad.