CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó separar del cargo a dos funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y consignarlos por incumplir una sentencia de amparo en la que se le ordenó la devolución de diamantes, piedras preciosas y semipreciosas que fueron aseguradas en 2014 al supuesto contrabandista turco Apel Çelik.

Por mayoría de votos, los integrantes del pleno avalaron el proyecto planteado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que ordenó separar del cargo y consignar a Víctor Manuel Munguía Baltazar y a Celia Almaguer Hernández, quienes hasta 2021 ocupaban los cargos de agente del Ministerio Público de la Federación y encargada de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, dependiente directamente de la oficina del fiscal Alejandro Gertz Manero.

“Las autoridades no sólo omitieron acatar las conductas requeridas para favorecer el cumplimiento; además, en mi opinión, incurrieron en un ocultamiento y evasión de información que hubiera permitido celebrar una diligencia importante de vinculación de documentos de propiedad y de objetos asegurados”, expuso el ministro.

El caso derivó del aseguramiento de cuatro mil 569 joyas y diamantes en distintos locales de la Riviera Maya, valuados en 235 millones 758 mil 631 pesos, realizado en 2014, y del extravío de 28% de la mercancía, con un valor de 53 millones de pesos, ocurrido en 2017.

Las joyas fueron aseguradas por el Servicio de Administración Tributaria y la FGR, y eran propiedad de Apel Çelik, empresario turco sentenciado en su país por fraude y que en México es señalado como traficante internacional de diamantes y piedras preciosas.

Luego del aseguramiento, la mercancía fue resguardada en la bóveda de seguridad de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por considerar que representaba objeto del delito de contrabando equiparado.

Sin embargo, en 2017 Érika Paola Avilés Demeneghi, Guadalupe Demeneghi Morales y Julián José Betancourt Turriza, quienes inicialmente fueron investigados como supuestos cómplices de Çelik, solicitaron el levantamiento del aseguramiento y reclamaron su devolución.

Este reclamo derivó en un amparo en el que se dio a conocer la desaparición de las joyas, por lo que la Visitaduría General de la FGR, hoy Fiscalía de Asuntos Internos, inició una carpeta de investigación.

“Al ser requeridas las autoridades para el cumplimiento de la ejecutoria en la indagatoria primigenia, los bienes ya no se encontraban en el lugar de su aseguramiento, sino que habían sido trasladados a cargo de un Ministerio Público diverso mediante un acuerdo de desglose. Esta información no fue proporcionada con oportunidad al juez de distrito durante la integración del expediente”, relató el ministro González Alcántara Carrancá al citar los antecedentes del caso.

“La superior jerárquica, al ser requerida para el cumplimiento de la sentencia amparadora, no informó con oportunidad a la juez de distrito de la existencia del acuerdo de desglose de autos, a pesar de tener conocimiento de éste; única y exclusivamente se limitó a reiterarle a un subalterno, es decir, un agente del Ministerio Público de reciente adscripción, que diera conocimiento a la ejecutoria”.

Posteriormente, el Primer Tribunal Colegiado en materia penal en la Ciudad de México, ordenó el 3 de octubre de 2019 realizar una diligencia para cotejar las joyas con facturas y pedimentos de importación. Sin embargo, los fiscales encargados del caso señalaron que estaban imposibilitados para cumplir con el requerimiento porque se emitió un acuerdo de declaratoria de abandono de los bienes en favor del gobierno federal, para que los mismos fueran rematados.

“Se advierten algunas irregularidades que hacen cuestionable su emisión (…)

Esto, desde mi punto de vista, denota el ánimo de la autoridad de ocultar datos relevantes que trascendieron a la inejecución de la sentencia”.

Voto en contra

La ministra Loretta Ortiz Ahlf fue la única que votó contra toda la propuesta de González Alcántara Carrancá al considerar que en el amparo no se le precisó qué actuaciones debía realizar para cumplir con la sentencia –que eran permitir a los propietarios verificar el estado de la mercancía, levantar el aseguramiento y entregarles las joyas–, mientras que Arturo Zaldívar sólo votó contra sancionar a Almaguer Hernández.

“Estamos hablando de varios años dentro del procedimiento y yo creo que sí existe una dolosa complicidad, a todas luces, de querer encubrir primero a los ministerios públicos cambiándolos, asignándole a otra persona nueva que tuviera la responsabilidad, él se acerca a la jueza y le dice: me están dando noventa tomos, más de sesenta y seis mil fojas, no puedo responder en tres días y dar cumplimiento, deme un poco más de tiempo.

“Y en ese ínter, sin informarle a la jueza de distrito que ya se había ordenado la entrega de los bienes para ser rematados, me parece que hay una omisión que no se justifica”, refutó González Alcántara Carrancá.