CIUDAD DE MÉXIC0 (apro).-Investigado por presunto huachicoleo en una de sus instalaciones y señalado por pertenecer al esquema de corrupción entre el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin y la trasnacional Odebrecht, Juan Carlos Tapia, dueño de Construcciones Industriales Tapia (Citapia), ha logrado obtener seis contratos en la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.

Así, el empresario hidalguense consentido de las pasadas administraciones, pese a los escándalos en que se ha visto envuelto, mantiene sus negocios en el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”, con presencia en una de sus obras emblemáticas, la refinería de Dos Bocas Tabasco, donde tiene participación desde 2019.

Con base en una revisión de datos abiertos de Pemex, entre 2019 y 2022, la empresa productiva del Estado asignó al menos seis contratos a las empresas de Juan Carlos Tapia.

Se trata del contrato identificado con el número PTI-ID-S-006/2019 asignado mediante el procedimiento de Invitación Restringida PTI-ID-S-007/2019 a Mexicana de Recipientes a Presión SA de CV, en asociación con Kellogg Brown & Root, LLC y Constructora Hostotipaquillo, SA de CV, para el Paquete 6 por un monto total de 78 millones 430 mil dólares.

Además, fue posible identificar los contratos PTI-ID-O-TAM-10-2021, PTI-ID-O-P6-12-2022, PTI-ID-O-P6-23-2022, PTI-ID-O-P6-24-2022 y PTI-ID-O-P6-28-2022 que se le otorgaron a Manufactura Especial y Proyectos Industriales (Mepi), sin que hasta ahora se hayan transparentado el monto de los mismos, pues se trata de información parcialmente abierta.

En la edición 2366 de Proceso, se informó que el empresario Juan Carlos Tapia había superado la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) le impuso a sus empresas en 2019 y ahora participan en el megaproyecto energético de la 4T.

En la mencionada edición se dio a conocer que, a través de un tinglado de razones sociales nuevas y otras que ya estaban creadas, pero a las que se les cambió el nombre, cuyo accionista mayoritario es el empresario hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, junto con familiares y otros asociados, hicieron posible dejar atrás las acusaciones y participar con contratos millonarios.

Mexicana de Recipientes a Presión se fundó el 22 de enero de 2007 en Tula, Hidalgo, con Juan Carlos Tapia Vargas como su principal accionista. Además de su hermano Gilberto Juan Tapia y Selene Martínez Abarca. Entre los accionistas también figuraba Carlos Morin Montes, director jurídico de Citapia, y quien fungía como vocero de la prensa cuando salieron a la luz pública las declaraciones juradas del ex ejecutivo de Odebrecht, Luis Alberto Meneses Weyll, que vinculaban a la empresa con la red de corrupción entre la brasileña y Emilio Lozoya Austin.

En 2017, Carlos Morin trató de desmentir la investigación que en 2017 inició la entonces Procuraduría General de la República en contra de Citapia por presunto huachicoleo.

“Todo es falso. No somos huachicoleros”, aseguró.

No obstante, documentos en poder de Proceso confirman que la extinta PGR investigó a Juan Carlos Tapia por robo de combustible del poliducto Tula-Salamanca propiedad de Pemex, a partir de que una patrulla de la entocnes Policía Federal, detectó la toma clandestina infraganti.

Mexicana de Recipientes a Presión cambió de nombre a Procesos Especializados y Proyectos, SA de CV (Proesa), en noviembre de 2020, según las actas del Registro Público consultadas por Proceso tuvo acceso.

La revisión del semanario, prueba que Proesa es la accionista mayoritaria de Manufactura Especial y Proyectos Industriales (Mepi). Mantiene el 80 por ciento de la empresa y el otro 20 por ciento es propiedad de Procura y Proyectos Oil & Gas SA de CV, constituida en junio de 2020.

De acuerdo a ejecutivos del sector consultados por el reportero, Mepi trabaja para Techint y Samsung en Dos Bocas bajo la figura de subcontrato. Otra de las empresas que trabajaría bajo las órdenes de Tapia Vargas en Dos Bocas, es Grupo Constructor Industrial Oil & Gas, SA de CV, también conocida como GCI, subcontratada por ICA y Techint.

Pero más allá de los trabajos, los nombres de los accionistas son reveladores: GCI se creó en Tula, Hidalgo, el 13 de diciembre de 2017, con Abel Vargas Rosales, Yosimar Moreno Constantino y Selene Martínez Abarca como accionistas, todos también tenedores de acciones en Proesa, antes Mexicana de Recipientes a Presión.

Empero, en 2019, los tres socios decidieron vender a favor de Irving Sergio Granados Pérez y Jair Moreno Vargas. En el portal de internet de GCI, la propia empresa describe que trabaja en el Proyecto Rack de Integración Refinería Olmeca, en Dos Bocas, con sus clientes IDINSA y Proyecta. 

En su más reciente reporte entregado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, 20-F, Petróleos Mexicanos reconoció que el monto autorizado por el Consejo de Administración de Pemex para la refinería Olmeca en Dos Bocas, es de 16 mil 816 millones de dólares. Aunque la refinería tenía un presupuesto inicial de 8 mil millones de dólares, el costo se duplicó.