CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Debido a que fueron “engañados” sobre sus lesiones provocadas por el colapso de la Línea 12 del Metro, tres víctimas solicitaron la revocación del acuerdo reparatorio que firmaron con la empresa CICSA, de Grupo Carso y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), informó su abogado, Teófilo Benítez.

En conferencia en la llamada “zona cero”, donde hace dos años ocurrió la tragedia que quitó la vida a 26 personas y lesionó a más de 100, víctimas y familiares realizaron una misa en memoria de sus seres queridos y reclamaron verdadera justicia.

El defensor acusó que no son 12, sino 14 las víctimas que no han firmado el acuerdo reparatorio y dijo que tres de las que firmaron, ya solicitaron su revocación, pues “a todas luces es posible ver el engaño de que fueron objeto con los exámenes y peritajes médicos realizados” por las autoridades y la empresa.

Mencionó el caso de una menor, cuya madre firmó el acuerdo reparatorio y al paso del tiempo, la salud de la niña empeoró por el traumatismo craneoencefálico que sufrió. Dijo que al pedir ayuda a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi) “pierden todo el expediente y estudios donde se determinaba el traumatismo craneocefálico y expulsación de líquido cefalorraquídeo por la nariz".

También expuso el caso del señor David, a quien le diagnosticaron dos costillas rotas y luego de una tomografía, le dijeron que eran cinco, pero “como ya firmó su acuerdo reparatorio no podemos hacer más”.

El abogado añadió: “Hoy estamos emprendiendo demandas donde solicitamos la nulidad de esos acuerdos reparatorios, que fueron llevados de manera engañosa y en favor de la constructora Cicsa y/o Grupo Carso”, de Carlos Slim.

Ayer, la Fiscalía local y este miércoles la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacaron que a dos años de la tragedia se han logrado 117 acuerdos reparatorios y que los 12 que faltan son de víctimas representadas por Benítez Granados.
 

En la conferencia, el litigante subrayó que son 14 víctimas que están en contra de dicho acuerdo, pues más que una ayuda es “una burla, para tratar de encubrir la falta de mantenimiento del Metro”.

Y añadió que la revocación es procedente y se presentó ante un juzgado federal, donde ya se tuvo una primera audiencia con las víctimas y los representantes del consorcio.

Mensaje a Serranía, Godoy, Ebrard, Mancera, Sheinbaum         
 

En la conferencia, las víctimas y el abogado aseguraron que, a dos años de la tragedia, no hay una verdadera justicia, pues las autoridades no han llamado a declarar a la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, a quien señalan como responsable de no dar el mantenimiento necesario a la llamada “Línea Dorada”.

Marisol Tapia, madre de Brandon, el menor que murió en el incidente, denunció que la autoridad la “ha dejado sola, no volvió a contactarla y le retiró el apoyo institucional como víctima del delito”. Entre llanto, recordó los sueños de ser futbolista y doctor del menor de 13 años y exigió “¡justicia!”.

En voz de las víctimas, exigió “que la investigación llegue a Florencia Serranía, que sea presentada ante los tribunales para que responda por la tragedia que sigue con un velo de impunidad que ha tendido la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien ahora pretender llegar a la Presidencia del país”. 

En su demanda de justicia, las víctimas y el abogado pidieron a los diputados locales a que no aprueben la reelección de la fiscal Ernestina Godoy y advirtieron que si ello ocurre, van a interponer un recurso de revocación de mandato. 

Y reprocharon que ni Marcelo Ebrard ni Miguel Ángel Mancera, exjefes de gobierno, “han destinado una sola palabra a las víctimas, solo han respondido a los cuestionamientos por la corrupción que los persigue, pero se olvidaron de lo más preciado que es la vida de los ciudadanos, a los que ahora pretenden gobernar desde otra posición”.

Por esa razón, anunciaron la creación de la Asociación de Víctimas de la Ciudad de México, conformada por víctimas de las Líneas 12 y 3 del Metro, así como del caso News Divine, ocurrido en 2008, con el fin de “tratar de acabar con el mal de la corrupción de este gobierno y obtener su gran anhelo: Justicia”.