CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México, que ocupa el lugar 52 a escala mundial, tiene una fortuna calculada en 26 mil 600 millones de dólares. Quien hasta hace unos días pretendía pagar 11 mil 200 millones de dólares por el banco Citibanamex, logró que el gobierno federal calculara en tres mil pesos mensuales la pensión para cada trabajador afectado de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila.

Una serie de acciones en el Registro Civil permitieron el cálculo a modo para Grupo México, con el aval de las autoridades federales, con lo cual mantienen a viudas y deudos de la mina Pasta de Conchos sin poder cobrar las pensiones que les corresponden conforme a derecho.

         A más de 17 años del accidente que mató a 65 trabajadores en una mina de carbón en San Juan de Sabinas, las familias urgieron a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, a realizar la revisión del monto de las pensiones que, consideran, fueron asignadas de manera ilegal e injusta.

         El 8 de marzo último, Alcalde Luján sostuvo un encuentro con los deudos, agrupados en la asociación La Familia de Pasta de Conchos, quienes le expusieron las condiciones irregulares en que se tramitaron las pensiones, bajo un cálculo inferior al que les correspondía, conforme a las condiciones en que perdieron la vida los trabajadores y las formas en que el Estado validó su fallecimiento.

         Luisa María Alcalde prometió una respuesta que está prevista para este martes 30 de mayo, por lo que hoy emitieron un comunicado en el que explican sucintamente el desastre pensionario en que se convirtió el caso Pasta de Conchos.

         La Familia de Pasta de Conchos ha mantenido numerosos recursos jurídicos en materia penal, civil, laboral y constitucional, así como diferentes acciones en el ámbito internacional de los derechos humanos y del trabajo, repitiendo una historia: mientras en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la Organización Internacional del Trabajo obtienen resoluciones favorables, en la justicia mexicana son objeto de carpetazos, desestimaciones y sobreseimientos.

         El peor de los episodios ocurrió cuando, al demandar audiencia, la Secretaría de Gobernación calderonista en 2008, a cargo de Juan Camilo Mouriño, dictaminó que las viudas “no tenía interés jurídico”, entre otros temas, por el rubro pensionario.

         Las familias, e inclusive exservidores públicos y el obispo Raúl Vera López, quien se ha solidarizado con los deudos desde el día del siniestro, han denunciado en diferentes oportunidades la presión que se ejerce en el sistema de justicia por parte de Grupo México, sus operadores y políticos que les dispensan protección.

Día del siniestro

La madrugada del 19 de febrero de 2006 la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos explotó. Pese a la serie de irregularidades en materia de seguridad laboral, identificadas desde dos años antes, y la colusión empresa–sindicato minero­Inspección Federal del Trabajo, jamás fueron esclarecidas las causas del accidente que mató a 65 mineros.

         Convertido en escenario político el perímetro de la mina propiedad de Industrial Minera México, subsidiaria de Grupo México, las autoridades informaron el 24 de febrero de 2006 –quinto día después del accidente– que no había condiciones de vida en los socavones y galerías.

         Ahí mismo el entonces secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, emitió una serie de compromisos de manera conjunta con el presidente de IMSA, Javier García de Quevedo, entre las que destacan que, mientras se realizaba la recuperación de los cuerpos, las familias recibirían el salario de tres turnos, como si los trabajadores siguieran laborando en el filón.

         Grupo México siguió pagando los tres turnos por más de un año, de manera que para las familias y sus abogados ese ingreso debería servir como base para el cálculo pensionario.

Empero, una vez que la empresa declaró unilateralmente la suspensión de los trabajos de recuperación de restos, también suspendió el pago de tres turnos.

Pensiones pendientes

Aunque por unos meses la empresa pagó los mencionados tres turnos diarios, una vez que la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social hicieron sus cálculos, las pensiones quedaron en 100 pesos diarios.

         Para ello, sin pasar por los procedimientos de declaración de fallecimiento en ausencia (pues no había cuerpos porque obviamente permanecen en el fondo de la mina), el entonces gobernador Humberto Moreira instruyó la emisión de actas de defunción, con el argumento de agilizar los trámites.

En 2007, bajo la titularidad de Javier Lozano Alarcón en la Secretaría del Trabajo, se aceptaron como válidas las actas de defunción que señalaban fecha, hora y causal de la muerte, así como la firma de testigos de todos los trabajadores atrapados en la mina Pasta de Conchos.

         El reclamo de las familias ese año consiguió que eliminaran esas actas de defunción, pero en la reemisión, aunque excluyeron a los testigos, dejaron los mismos datos.

         Así, los trabajadores no quedaron reconocidos como fallecidos en 2006 sino hasta 2007, es decir, cuando ya llevaban 14 meses cobrando los tres turnos diarios que, sin embargo, no se les reconoció como salario integrado.

         Los litigios continuaron y hasta ahora, con la palabra presidencial empeñada por resolver, y la interlocución con la secretaria del Trabajo, el galimatías de las pensiones podría llegar a un final favorable para los deudos este martes 30 de mayo.