CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de seis días de estar encarcelado en la prisión militar del Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional, el teniente coronel Jesús Concepción López Millán, acusado de “pérdida de información” por el caso Guacamaya, obtuvo prisión provisional.

Un juez militar le concedió la medida al considerar que el delito por el que se le acusa -- de infracción de deberes militares en la modalidad de pérdida de información—no amerita prisión preventiva.

El diario El Universal, que cita fuentes del gabinete de seguridad federal, informó que el mando militar lleva su proceso militar en libertad luego de que el juez de la causa, adscrito a los Juzgados Militares del Campo Militar 1-A general Álvaro Obregón en la Ciudad de México, retiró la prisión al militar.

López Millán es Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica y fue detenido la semana pasada con base en una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Fiscalía de Justicia Militar, con sede en el Campo Militar 1-A.

El teniente coronel fue detenido por el ataque cibernético ejecutado por el grupo de hackers Guacamaya contra la Sedena, que extrajeron miles de documentos clasificados del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana.

Entre la información hackeada se encuentran reportes relacionados con la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador y de operaciones militares contra el crimen organizado.

La acusación del Ministerio Público Militar contra el teniente coronel es por el delito de infracción de deberes militares, previsto en el Capítulo V del Código de Justicia Militar, que actualmente está bajo la lupa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras las impugnaciones presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De acuerdo con el artículo 382 del Código de Justicia Militar, los militares que infrinjan “alguno de los deberes que le corresponden, según su comisión o empleo, o deje de cumplirlo sin causa justificada, y el hecho u omisión no constituyere un delito especialmente previsto por este Código, será castigado con la pena de un año de prisión”.

En caso de que “la infracción sea debida a torpeza o descuido, la pena será de cuatro meses. Si resultare daño a algún individuo, se procederá conforme a las reglas generales sobre aplicación de penas”.

El proceso contra López Millán se lleva a cabo pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó, en octubre de 2022, investigaciones y persecuciones por el ataque cibernético a la Sedena.

El 2 de octubre, en breve entrevista al finalizar la inauguración de la sucursal del Banco del Bienestar en Mitla, Oaxaca, se le preguntó:

--Presidente, ¿habrá investigación y sanción por el hackeo?

--No, dijo.

--¿No se va a investigar el hackeó?, ¿no se va a investigar sancionar a nadie?—le insistieron.

--No, yo soy partidario que no, la gente sanciona y no les gusta esas cosas-- respondió.