CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la que 40 migrantes murieron durante el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo, no tenía condiciones para operar y que incluso funcionaba como una cárcel.

En tanto, la situación jurídica del director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por este caso, será resuelta el próximo 30 de abril, pues este martes compareció ante el juez de control, Víctor Manlio Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez, para escuchar la imputación de la FGR que busca llevarlo a juicio por ejercicio ilícito del servicio público.

En la audiencia, la defensa del director del INM solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la diligencia continuará el próximo domingo, mientras tanto, el juez impuso al funcionario la obligación de presentarse los martes de cada 15 días ante el Centro de Justicia en Ciudad Juárez, a firmar su asistencia.

A pesar de que la FGR solicitó que se le prohíba la salida del país y la suspensión temporal de su cargo, el juzgador no concedió estas peticiones.

En la diligencia, la FGR señaló que Garduño probablemente cometió el delito de ejercicio ilícito del servicio público porque no realizó actos que evitaran el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez.

En su argumentación, la FGR dijo que la estación migratoria no cumplía con las condiciones para operar, pues no tenía sistema contra incendios, ventilación, los migrantes se encontraban en condiciones de hacinamiento y operaba como una cárcel.

Por ello, los fiscales señalaron que Garduño no cumplió con los protocolos necesarios para evitar la tragedia del 27 de marzo, pues tenía la facultad para determinar el cierre de la estación migratoria bajo el argumento de que no tenía los requisitos mínimos para operar, y aún así no lo hizo.

De los datos de prueba ofrecidos por la FGR sólo un oficio menciona directamente a Garduño, por lo que se prevé que su defensa utilice esto como argumento para intentar evitar su vinculación a proceso.