WASHINGTON (apro).-Con un nivel muy bajo en términos de representación de gabinete por parte de Estados Unidos, se lleva a cabo la reunión estratégica de alto nivel sobre seguridad con el gobierno de México enfocada al combate del fentanilo, tráfico de armas y migración.

En representación del gobierno de México, la delegación está integrada por Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Alcocer, Secretario de Salud y el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero.

Los anfitriones, del gobierno de Joe Biden son, Merrick Garland, Procurador General de Justicia, el único a nivel de gabinete, Todd Robinson, Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos de la Aplicación de la Ley y Narcóticos Internacionales.

Liz Sherwood Randall, asesora presidencial para Asuntos de Seguridad Nacional, Juan González, asesor presidencial para Asuntos del Hemisferio Occidental, Rahul Gupta, director de la Oficina Nacional de la Casa Blanca para Políticas Sobre el Control de Drogas y Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México.

La sesión entre funcionarios de alto nivel del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de bajo nivel por parte del de Joe Biden, se concentrará básicamente en tres temas; coordinar una estrategia migratoria común, de combate al fentanilo y tráfico de armas.

El encuentro es de seguimiento a la reunión que se celebró hace unas semanas en México, durante la visita de Sherwood Randall quién fue con la misión de buscar más cooperación del gobierno de López Obrador para contener el trasiego de drogas sintéticas elaboradas con fentanilo.

A Estados Unidos le urge parar la demanda y consumo de opiáceos y enervantes elaborados con fentanilo que por sobredosis son la causa de la muerte de 292 personas cada 24 horas, cifra que pronto actualizará el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

El gobierno de México que tiene interés en combatir el tráfico internacional de narcóticos exigirá al gobierno de Biden a cambio de lo que piden sobre el fentanilo que las autoridades estadunidenses hagan más para detener el flujo ilegal de armas que empoderan al crimen organizado mexicano y en especial a los cárteles del narcotráfico.

Los señalamientos de dependencias federales estadunidense como la DEA de que México es el responsable de la pandemia en Estados Unidos de consumo de drogas elaboradas con fentanilo plantean una sombra de desconfianza en la posibilidad de buenos resultados del encuentro.

En paralelo, en el Congreso federal estadunidense hay legisladores republicanos que en colusión con el expresidente Donald Trump, a quien el presidente López Obrador mantiene en gran estima, hablan de plantear ataques militares contra los cárteles mexicanos por parte del Pentágono como solución al problema del trasiego de los enervantes.

Recientemente la Casa Blanca dio a conocer un documento en el cual asegura que robustecerá su estrategia de combate al trasiego, demanda y consumo de fentanilo, aunque se concentra en señalar a los grupos criminales como causa sin abordar desde un ángulo de salud pública y educación a la pandemia por narcóticos que padece su sociedad.

Biden propone asestar más sanciones financieras a los grupos criminales extranjeros que trasiegan las drogas sintéticas, pero evade hablar de los cárteles estadunidenses que dominan el transporte, distribución y venta del fentanilo y que el año pasado reconoció el propio Garland.

En México los cárteles del narcotráfico como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, siguen siendo el factor motor de la inseguridad, asesinatos, desaparición y extorsión de personas además de las narco corrupción a todos los niveles gubernamentales.

Los arsenales de alto poder que adquieren por medio del mercado ilegal de armas de Estados Unidos que corre de norte a sur, es lo que hace a los cárteles de México una amenaza latente para la sociedad y de gran reto en materia de seguridad para el gobierno federal.

Presuntamente la exigencia que hará México al gobierno de Biden en este encuentro, es que quiere acciones no más promesas sobre el contener el tráfico ilegal de armas.

Con la decisión de hace unos días que tomó Biden para poner fin a la Emergencia Nacional por la pandemia de Covid-19, la problemática del flujo migratorio a través de las frontera común de los dos países se vuelve de carácter urgente.

El cuello de botella formado por los miles de migrantes centroamericanos, caribeños y sudamericanos varados en la frontera norte de México que buscan asilo en Estados Unidos, podría empeorar en los próximos días por el decreto de Biden sobre Covid-19.

Al dejar de existir la emergencia nacional en materia de salud, el gobierno estadunidense elimina la vigencia del Título 42 autorizado por Trump para llevar a cabo deportaciones expeditas de migrantes centroamericanos, sudamericanos y caribeños enviándolos a México.

No obstante, Biden sin el Título 42 continuará deportando a territorio mexicano a los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, a los que les advierte que si son detenidos en cruces ilegales a su territorio quedarán de por vida vetados para buscar el estatus de asilados.

El formato del encuentro de los dos gobiernos establece reuniones bilaterales, sesiones en el Viejo Edificio Ejecutivo de la Casa Blanca y un almuerzo en el Departamento de Justicia; sin incluir un encuentro con miembros de la prensa pero con la premisa de que del resultado de la sesión se informará por medio de un comunicado conjunto.