Ciudad de México (Apro).-- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que procedió penalmente contra Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración (INM), y Antonio Andrés Vidal Islas, director general de Regulación y Archivo Migratorio de dicho instituto, por ejercicio indebido del servicio público  por no dar condiciones de seguridad en los centros migratorios, lo derivó en hechos como el incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, que tuvo como saldo 40 migrantes muertos y 25 lesionados.

En consecuencia, la FGR ya judicializó la investigación contra los directivos del INM. Sin embargo, hasta ahora se desconoce si solicitó orden de aprehensión contra ellos o únicamente un citatorio para acudir a audiencia inicial y formular imputación.

Mediante un comunicado, la Fiscalía precisó que Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, servidores públicos del INM también están vinculados directamente con las conductas que derivaron en la muerte y las lesiones de los migrantes que se encontraban en la estación migratoria de Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo, fecha en la que ocurrió el incendio.

“La FGR ha investigado dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado (INM); y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada”, detalló la Fiscalía.

Agregó que en sus investigaciones detectó que el 31 de marzo de 2020 en otro centro migratorio del INM en Tenosique, Tabasco, hubo un caso semejante que tuvo como resultado una persona muerta y 14 lesionados, lo que generó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al instituto.

“Indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”, explicó.

“Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”.

La FGR confirmó que la empresa de seguridad privada que operaba en el centro migratorio de Ciudad Juárez obtuvo contratos por adjudicación directa con el INM, lo que generó costos al doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.

“También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión; y más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados”, reveló.

Todo esto, consideró la FGR, propició la comisión de los delitos de homicidio y lesiones en agravio de los migrantes que se encontraban en la estación de Ciudad Juárez.