CIUDAD DE MÉXICO (apro).-De la maquinaría al dormitorio, la vida en una fábrica para cualquier persona en México, implica una realidad particular, una ya muy insostenible por la constante depreciación del valor de la fuerza de trabajo. En el país, según lo revelan datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y analizados por PODER, el promedio de tiempo en que un obrero/a, que labora en la industria de la manufactura, produce el valor total de su salario es de 24.67 minutos. El resto de la jornada, es decir, 455.33 minutos, son la riqueza que termina en manos del empleador.

Debido a esto, el proyecto para impulsar a la industria de manufactura en el país que implementado a mediados de los años sesentas (1964) del siglo pasado1 y operado desde los cónclaves más profundos de la frontera norte2, se encuentra en un estado de alarma por las condiciones laborales a las que se le somete a todas las personas que pasan por alguno de los andadores de estos colosos de la producción. Además, no sólo el valor monetario del trabajo se ha devaluado, también las condiciones que ofrecen las empresas, a los y las trabajadoras, son peores que las de hace algunos años.

Ante lo evidente, una de las primeras acciones del gobierno del partido Morena, liderado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue la de elevar el monto de lo que se conoce como Salario Mínimo, o bien, Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esta política, la de integrar el valor de las UMAS en todas las regiones del país y aumentar los montos mínimos de percepción, significó para los trabajadores el aumento salarial más alto de los últimos 40 años, es decir 76.78%.

Dicho monto fue mucho mayor, incluso, al ocurrido con el autodenominado “presidente del empleo”, Felipe Calderón Hinojosa quien durante su gestión incremento en tan sólo 28.6% los sueldos de las personas trabajadoras. Sin embargo, la medida obradorista resulta insuficiente dadas las altas tasas de inflación en el país y la omisión de las autoridades por implementar medidas que logren una recaudación eficiente a la industria. Aún hoy, en el país, se continúa protegiendo a la industria de manufactura que, año con año, confabula junto a políticos para someter a los y las trabajadoras de México a una pobreza de la que ya resulta relativamente imposible salir.

Con los datos reportados de manera oficial, podemos saber cuántos trabajadores del sector manufactura existen, cuánto tiempo trabajan al día, cuánto ganan esos trabajadores por hora, el género de las personas que trabajan, qué tipo de contrato tienen, en qué tipo de industria opera y en dónde, a cuánto dinero equivale la producción de estos obreros y en cuánto tiempo se genera esa producción.

Lo que no podemos saber con exactitud, es cuánto dinero termina como ganancia. Es decir, lo que los dueños del capital (industria) producen con el esfuerzo del trabajador.

Sin embargo, para la diputada y abogada laborista, integrante de la Comisión del Trabajo en la Cámara Baja, Susana Prieto Terrazas, el problema radica principalmente en que los gobiernos terminan operando para las empresas y no para la población a la que dicen representar. Desde su perspectiva, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) ha trabajado desde su fundación a favor de las empresas y no de los trabajadores. Por ese motivo, la población económicamente activa (otra expresión usada para referirse al obrero de manufactura) se encuentran plenamente registrados; mientras que los empresarios, se ven protegidos por funcionarios públicos y sindicatos que no velan por las necesidades de quienes los conforman.

“Desafortunadamente todos los gobiernos trabajan para el sector empresarial. Aquí hay que preguntarle a esta organización tripartita que constituye el Presidente de la República; los representantes de los obreros que son la CTM, la CROC, la CATEM, (antiguos sindicatos formados durante el periodo del Partido de Estado) pero que realmente son el brazo derecho de los empresarios o de los departamentos de recursos humanos y a esos empresarios, en cuánto vamos a aumentar el salario mínimo, porque así está constituida la Comisión Nacional de Salarios Mínimos desde la Ley Federal del Trabajo. De sindicatos abiertamente priistas”, explica Prieto Terrazas.

PODER solicitó entrevista a las oficinas de la CONASAMI para solicitar los estudios con los cuales se avalaron los últimos aumentos salariales (cuatro sexenios), no obstante, al cierre de está edición no tuvimos respuesta.

Sobre la información respecto a las empresas que lucran con el trabajo obrero. Con la información que actualmente es pública en el INEGI, no podemos saber exactamente a cuánto ascienden las ganancias de este sector, únicamente es posible calcular aproximados debido a que los corporativos no están obligados a reportar ganancias. A pesar de ello, estas empresas son constantemente señaladas como presuntos responsables en casos de trata con fines explotación, tráfico de drogas y violaciones a los derechos medioambientales.

Los registros del INEGI, que sí son públicos, se limitan a definir el comportamiento de las poblaciones dentro de la industria pero no existen reglamentos o leyes que obliguen a las empresas a reportar de manera pública, cuánto ganan con esta explotación y cuánto dinero dejan al Estado. Eso, es considerado parcialmente confidencial.

Lo anterior resulta preocupante dado que, de no reportar ganancias, resulta imposible saber si el salario de las personas tiene una porción adecuada respecto a la ganancia por producción. Eso, sin mencionar que los datos de respecto a la seguridad social de la población ocupada son imprecisos.

Pero la opacidad no es endémica de los aparatos laboristas del Estado (CONASAMI o StyPS). El propio Congreso de la Unión, según lo declarado a este medio de comunicación, estipula que a pesar de contemplar con un área especifica de estudios legislativos con el cual los asambleístas pueden contar con asesoría especializada en caso de requerir información sobre cualquier tema o ley, su reglamento interno, niega a la ciudadanía la posibilidad de tener acceso a dicha información sobre los estudios solicitados por las diferentes fracciones parlamentarias previamente a la aprobación de una ley.

También se niegan entregar información, solicitada vía Plataforma Nacional de Acceso a la Información, sobre su lista de asistencia al recinto legislativo por lo que resulta imposible saber si tan siquiera estuvieron presentes durante las sesiones.

PODER solicitó al Centro de Estudios Parlamentarios, dirección de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acceso a todos los estudios solicitados por los y las legisladoras respecto a la aprobación de salario mínimo impulsada por la fracción de Morena. Sin embargo, el director de estudios parlamentarios, Noé Luis Ortiz, se negó a recibir al periodista y mandó a una subordinada (la cual no se presentó con nombre y apellido) a decir que por estatuto interno, no se podían hacer públicos los estudios solicitados por los diputados. También comentó que dicha información no sería entregada vía Plataforma Nacional de Acceso a la Información dado que no están obligados a presentar resultados de sus actividades.

Los 30 minutos más largos de nuestras vidas y la crisis de pensiones

Actualmente los obreros de la industria de la manufactura que tardan en promedio 24.6 minutos en producir el valor total de su salario. Este dato surge de calcular el promedio del valor total de la producción por sectores y horas trabajadas de la población que conforma la manufactura del país. Tras el análisis de siete bases de datos con origen en Banxico e INEGI, PODER pudo determinar el tiempo total en que una persona trabajadora de la industria de manufactura en el país tarda en producir el valor total de su salario.

Los resultados surgen del análisis de 22 años de salario real provenientes de la CONASAMI y ENOE así como el 70% de la producción manufacturera del país según los datos de la EMIM.

Sobre los sectores, se analizaron las poblaciones de personas trabajando en la industria manufacturera, como está contemplado en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) que incluyen a las industrias alimentaria, bebidas, industria textil (de indumentaria y sólo telas), curtido, tala, madera y derivados, refinerías, minería no metálica, industria química, plásticos, industria metálica, maquinaria, fabricación de hardware, accesorios electrónicos, equipo de transporte y fabricación de muebles, entre otros3.

De este modo, podemos saber por ejemplo que Oaxaca, Tabasco y Chiapas son los estados en donde un obrero ocupa menos tiempo en producir el valor total de su salario respecto a la producción local; sin embargo, las cifras respecto al tiempo cambian si también se analiza el valor de las exportaciones. Dicho fenómeno se conoce como transferencia de valor y ubica, principalmente a la zona fronteriza de México como la más vulnerable. Entonces, existen dos formas de interpretar estos datos.

La primer ruta es la de la tasa de explotación con respecto al valor nacional (es decir, el valor de la producción registrado en México). Esta consiste en comparar el valor total de lo producido por la manufactura en México con el salario y las horas trabajadas por las trabajadores en 2018.

Esta tasa mide qué tantas veces es mayor el valor de la producción en relación con los salarios. Por ejemplo, en el Estado de México es de 2,825%, es decir, que la producción en una jornada de trabajo vale 28 veces más que el salario, o que el patrón se queda con 28 veces más riqueza que la que se queda le trabajador. Visto desde una jornada diaria de 8 horas, le trabajador cubriría su salario en tan solo 16.4 minutos y las restantes 7 horas y 44 minutos serían tiempo dedicado a la riqueza de la empresa.

La tasa de explotación respecto al valor de las exportaciones (es decir, el valor registrado en dólares que cruza la frontera) consiste en comparar el valor total de las exportaciones manufactureras con el salario (en pesos) y las horas trabajadas como son las registradas en México hasta el 2018.

En comparación con la primera forma, de la tasa de explotación, ésta mide qué tantas veces es el valor de las exportaciones manufactureras en relación con los salarios nacionales (pesos).

En la cual, destaca el estado de Chihuahua, cuya tasa de explotación bajo la primera forma (valor nacional) es de 226%, mientras que en relación con el valor de las exportaciones (segunda forma) es de 2,651% (26 veces mayor).

De este modo podemos saber que, bajo la primera forma, el patrón parece quedarse con poco más del doble del valor de lo que se queda un trabajador. Pero tomando en cuenta que la mayoría de la producción manufacturera en la frontera no se queda en México, sino que se va principalmente a EUA, esta tasa es considerablemente mayor ya que el patrón, al vender en divisa extranjera y con mayor valor a la nacional, se quedaría con 26 veces más que un trabajador.

Visto desde una jornada diaria de 8 horas, le trabajador cubriría su salario en tan solo 17.44 minutos y las restantes 7 horas y 42 minutos son tiempo dedicado a la riqueza de una empresa extranjera.

A esto, es decir al abuso del tiempo y fuerza de trabajo, se le denomina “explotación laboral”. Por lo menos así lo identifica, Susana Prieto Terrazas, diputada federal, quien también advierte de una crisis de pensiones derivada por una parte, de la falta de registro adecuado de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y por otra, de la precarización del valor del trabajo.

“Con estos representantes del sindicalismo blanco del país pues podemos ver de manera inmediata que los trabajadores no tienen representantes dentro de este organismo tripartita y que simple y sencillamente estarán a expensas de lo que el empresario dice (…) para ellos, los funcionarios de CONASAMI, un trabajador no mereció un aumento de más de 2 pesos anuales en el salario que era lo que implicaba este aumento ridículo cuando llega el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y que promete dentro de su campaña, que lo primero que hará será aumentar al 100% el salario mínimo tenemos una restricción terrible” (sic), explica Susana Prieto.

De este modo, tras la llegada de Obrador al poder, el denominado salario mínimo o UMA pasó de 88.36 pesos diarios (8 horas de labor) a 102.68. Dicha actualización de percepciones salariales representó un incremento de 16% en la zona central, así como un incremento del 100% en la Zona Libre de la Frontera Norte del país (ZLFN). Por lo menos en teoría.

La ZLF comprende 43 municipios ubicados con un máximo de distancia de 25 kilómetros de la línea fronteriza con Estados Unidos, lugar donde parece que la política de industrializar era más un intento por mitigar el paso de personas en situación de movilidad humana, que un intento por impulsar el trabajo digno de los obreros. Sin embargo, como ya lo explicamos con las visualizaciones anteriores, si se calcula el valor de las exportaciones el aumento obradorista resulta insuficiente y no cumple con los objetivos planteados por la denominada Cuarta Transformación.

En el mismo sentido que la diputada federal, Verónica Alcaráz, abogada especializada en defensa de las personas trabajadoras, explica la importancia de entender los diferentes conceptos de salario y como, debido a una legislación débil y autoridades sumisas al poder de las empresas, las cotizaciones a las pensiones de las personas trabajadoras transitan por una crisis.

La abogada y académica comenta para PODER que existen, conceptualmente, dos maneras de interpretar el salario: remuneración y prestaciones. Sin embargo, ambas forman parte de lo mismo en el momento de calcular la ganancia del obrero por lo que, no sólo es necesario contemplar las percepciones monetarias de las y los trabajadores, sino las condiciones en las que realizan su labor.

“La ruta sigue siendo la del sindicalismo. Es la única manera de encargarnos colectivamente de nuestros derechos. Yo sí le daría un voto de confianza. (…) existe este grupo de empresas grandes y transnacionales que llegan, precisamente de otros países, y que a partir de estas situaciones también se hacen modificaciones a nuestra Constitución, se hacen modificaciones del concepto de trabajo para poder en este caso, proteger a estos empleadores o industrias”, explica la abogada. A esto se le conoce como lobby, un grupo no definido de personas que impulsan privilegios para las empresas desde los congresos locales y nacionales.

Finalmente, sobre la crisis de pensiones la académica y abogada advierte: “El monto que se pagaba a la Seguridad Social de los trabajadores, anteriormente estaba fijo y ahora cambia a partir de enero del 2023, entonces muchos empleadores ahora se están dando cuenta que las cuotas que hay que pagar por el trabajador dependen de la del salario que tenga el trabajador dividido entre la unidad de medida de actualización, de este modo se calcula el porcentaje que se va a pagar, entonces imagínate, yo creo que en vez de invitarlos a regularizarse muchos están huyendo o no están inscribiendo con el salario real”.

Es decir, tras las modificaciones en 2023 del pago de aportaciones a la seguridad social, según explica la abogada, las empresas dejan de registrar el salario real de los trabajadores y por ende existe menos capital para la seguridad social, dicho lo cual, abona a la actual crisis de pensiones de todo el país, puesto que los montos con los que registran a los trabajadores, no son los reales. Esto se permite, debido a que la afiliación al Seguro Social se determina por “buena fe”.

Sobre los porcentajes y el tiempo: En este punto se simplificó la lectura de los números para hacer este apartado técnico más accesible al público. No obstante, para leer un porcentaje en veces, es necesario dividir entre 100 y sumarle 1. Es decir, 226% sería 3.2 veces y 2,651% sería 27.5 veces.

Derecho de Réplica 

  Carta PROCESO Derecho de Réplica by al_saldivar on Scribd

Respuesta del reportero 

Jorge Carrasco Araizaga

Director de Proceso.

El que suscribe, Ricardo Balderas, periodista de investigación en PODER y autor del reportaje “Epístola de un pueblo cansado”,  leo con sorpresa las aseveraciones documentadas en la respuesta redactada por el ciudadano Noé Luis Ortíz, debido a que personalmente, y con el apoyo del equipo legislativo de la diputada Susana Prieto Terrazas, solicité una entrevista y acceso a información relacionada a as opiniones técnicas emitidas por el departamento de Estudios de Constitucionalidad en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, respecto a la ley aprobada de aumento salarial y de la cual, reitero, no obtuve respuesta alguna.

Lo anterior ocurrió el día 14 de marzo del año en curso, y el apoyo (de solicitud) fue brindado por la ciudadana Tamara Cuadros, asistente legislativa de la diputada en cuestión, a quienes pueden consultar y fungen como testigos del hecho.

El día que su servidor solicitó esta información, dicha área se encontraba ubicada en una sección al fondo de la biblioteca del recinto legislativo (información que yo desconocería de no ser porque efectivamente acudí en persona) y el señor Noé Luis Ortíz se encontraba frente a mi junto a una mujer con quien dialogaba cuando personalmente observé que su compañera de trabajo (quien no se identificó) compartió mi solicitud de atención para después ser rechazado por los argumentos descritos en el reportaje.

Sin más que comentar al respecto, reitero mi interés por conocer las opiniones y estudios respecto a la ley de aumento salarial y quedo a disposición para realizar la entrevista entonces solicitada en cualquier momento.