CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de hablar en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el secuestro de los cuatro ciudadanos estadunidenses sucedido en Matamoros, Tamaulipas –en el cual dos fueron asesinados--, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, expresó la “preocupación” de su gobierno ante “el control que ejerce el Cartel del Golfo en la zona conocida como la frontera chica”.

En una declaración difundida por los canales oficiales de la embajada, Salazar refrendó su “disposición para trabajar estrechamente con el gobierno de México para que los responsables en este caso sean castigados y trabajemos para que actos violentos similares no vuelvan a ocurrir”.

Con un tono diplomático, Salazar sostuvo que el ataque contra los ciudadanos estadunidenses perpetrado en Matamoros representa “un trágico recordatorio que nos exige reafirmar el compromiso de nuestros gobiernos para asegurar nuestra frontera compartida y fortalecer el combate a las organizaciones criminales transnacionales”.

El caso de los cuatro ciudadanos estadunidenses, secuestrados a plena luz del día el pasado sábado 4, tomó un camino trágico en la conferencia matutina de este martes, cuando el presidente López Obrador tomó una llamada del gobernador tamaulipeco Américo Villarreal, quien anunció desde el teléfono que dos de las cuatro personas secuestradas habían sido asesinadas, una estaba herida y otra estaba sana.

Acto seguido, la noticia de la muerte de los dos ciudadanos estadunidenses en México dio la vuelta en los medios de Estados Unidos, en un ambiente político de hostilidad hacia México agudizado por el expresidente Donald Trump y varios republicanos extremistas –algunos de ellos excolaboradores suyos--, quienes han despotricado contra el país con vistas a las campañas electorales del próximo año.

El anuncio también generó una ola de reacciones en Washington. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó el asesinato como “inaceptable”, mientras el fiscal general Merrick Garland aseguró que el gobierno de Estados Unidos hará “todo lo que tenemos en nuestro poder” para “identificar, encontrar y hacer rendir cuentas” a los agresores.