CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un día después del incendio en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, en el que fallecieron por lo menos 38 migrantes privados de su libertad, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, aseveró que su gobierno está “listo para apoyar si hay algo que se necesita de nosotros”.

Preguntado por la prensa sobre la tragedia mientras acompañaba a la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, en Nezahualcóyotl, el diplomático celebró que, “por primera vez en toda la historia del hemisferio”, los gobiernos de Estados Unidos y México trabajan para “buscar la solución de esta crisis que tenemos”, la cual pasa por el “desarrollo” y la implementación de un sistema de migración “regular, ordenado y seguro”.

“Tenemos mucho trabajo que hacer, pero lo llevamos trabajando por la primera vez en la historia, ahora en los últimos dos años, llevamos un trabajo conjunto con el gobierno de México y con el presidente”, aseveró Salazar, quien había declarado ayer que el incendio es un recordatorio de los “riesgos de la migración irregular”.

Esta declaración no cayó del todo bien en sectores de la defensa de los derechos humanos, que llevan años criticando a la política de contención migratoria implementada en México bajo la presión de los sucesivos gobiernos de Estados Unidos.

Esta política se ha traducido en un despliegue de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) –y más recientemente de la Guardia Nacional– en las principales rutas migratorias, y en la intensificación de las prácticas de detención y deportación de personas migrantes; lo anterior, acompañado con un incremento de los reportes de violaciones a los derechos humanos, incluyendo por las condiciones de arresto que imperan en los centros de detención del INM.