CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) está preparando órdenes de aprehensión por homicidio y daño en propiedad ajena contra el migrante que prendió fuego a un colchón, así como contra dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y uno de los empleados de la empresa de seguridad privada que abandonaron a los 68 migrantes encerrados en sus celdas del centro de detención migratoria de Ciudad Juárez mientras arrancaba el incendio.

Durante una muy esperada conferencia de prensa sobre el incendio en el centro de detención del INM, en el que fallecieron 39 personas –hasta el momento--, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseveró que las autoridades tienen identificados a tres servidores públicos –dos del INM y uno de migración estatal-- y cinco empleados de la empresa de seguridad privada como presuntos responsables, quienes ya acudieron a rendir su testimonio ante la FGR.

A la par de que prometió, en reiteradas ocasiones, que la investigación irá hasta el fondo, no protegerá a “nadie” y será totalmente transparente, Rodríguez trató de deslindar el gobierno federal de la tragedia.

“La política migratoria de nuestro país es de respeto a los derechos humanos, y este lamentable suceso (…) no es la política de nuestro país”, aseveró.

Sin embargo, reconoció las denuncias sobre los abusos y los maltratos sistemáticos perpetrados por los agentes del INM que más de 300 organizaciones de la sociedad civil expresaron ayer, y equiparó la actuación de los agentes del INM que dejaron morir a los migrantes con un “homicidio doloso”.

De acuerdo con la funcionaria, la investigación sigue dos ejes principales: determinar cómo y por qué empezó el incendio, y por qué los custodios –servidores públicos y empleados privados-- no abrieron las rejas de las celdas donde estaban amontonados los migrantes.

La investigación también tratará de determinar el papel de la empresa de seguridad privada contratada por el INM –cuyo nombre fue reservado por la investigación--, pues en el arranque de su sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador giró la instrucción de que las dependencias federales contraten al Servicio de Protección Federal (SPF) para las labores de seguridad.

“Habrá que revisar a fondo qué empresa estaba aquí, por qué estaba aquí”, dijo.

Hasta el momento, el delegado del INM en Chihuahua –el militar Salvador González Guerrero-- no ha rendido su testimonio, mientras que Francisco Garduño Yáñez, titular del INM –del que organizaciones exigen la renuncia--, se encuentra en Ciudad Juárez “de visitas a los diferentes hospitales y dando la información a la FGR sobre todas las peticiones y documentos que le piden al respecto”.

Acorralada por decenas de preguntas de la prensa, Rodríguez trató de ofrecer respuestas respetando el secreto de la investigación, pero insistió en que el caso está avanzando, pues “en menos de 24 horas de estos hechos ya hay presuntos responsables de estos hechos que ya están haciendo declaraciones”.

Según Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos –a cargo de la investigación--, unos reclusos empezaron a apilar colchonetas alrededor de las 8:30 y las 9:00 de la noche del 27 de marzo, y uno de ellos prendió fuego a la pila, que derivó en un incendio.

Los custodios se fueron del centro de detención, dejando a su suerte a los migrantes mientras el incendio invadía el recinto. Cuando el humo empezó a salir, acudieron bomberos, policías municipales, agentes de Protección Civil y soldados de la Guardia Nacional para apagar el fuego.

La persona migrante que supuestamente prendió el fuego, y contra quien se giró una orden de aprehensión, está localizable, indicaron las dos funcionarias federales.

Preguntada de manera insistente sobre el deplorable intercambio de señalamientos ocurrido ayer entre el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón sobre la responsabilidad en la política migratoria, Rodríguez evitó pronunciarse, pues aseveró que “no tengo opinión al respecto”.

Herrerías, por su parte, desmintió una declaración que Ebrard realizó anoche, cuando afirmó desde su cuenta de Twitter que los “responsables directos” habían sido “presentados ante la FGR” –dato que ninguna dependencia, ni la propia Cancillería, pudo explicar--. La fiscal aseveró que el canciller quizás se refería a que varias personas habían ido a dar su testimonio ante la FGR, pero todos salieron libres.