CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el caso de bullying que derivó en la muerte de Norma Lizbeth de 14 años en Teotihuacán, debe responsabilizarse por omisión y negligencia a las instituciones y autoridades involucradas, estimó Juan Martín Pérez, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.

En declaraciones a Aristegui noticias, el activista refirió que desde la organización se observa con preocupación que la Fiscalía General del Estado de México ha dejado abierta la posibilidad a la impunidad adulta.

Argumentó:

“Es importante hacer notar que existe una cadena de responsabilidades entre la escuela, servicios de salud y protección infantil estatal quienes fueron omisas, negligentes o cómplices desde la fecha de la agresión hasta la muerte de la niña”.

Y recalcó que considerarse a niñas y niños agresores también como víctimas de violencia en su entorno.

“Sólo son un reflejo de una sociedad violenta. Pretender reducir el acoso escolar a conflictos entre niñas y niños, sólo evade la responsabilidad adulta y las obligaciones de las instituciones educativas”.

Hizo énfasis en que en México se criminaliza a la niñez y juventud y se evade la responsabilidad de los adultos además de que se cometen actos que violentan sus derechos.

“En el contexto de violencia generalizada en México crecen los discursos del populismo punitivo, que criminaliza a la niñez y juventud para justificar actos ilegales como mochila segura, videovigilancia” o también, como en el caso ocurrido en Teotihuacán, cometer o actos de violencia contra la familia de la adolescente agresora.

Ante esa situación Juan Martín Pérez consideró necesario que las autoridades en general modifiquen su discurso hacia una cultura de paz y resolución de conflictos de manera asertiva.

“El acoso escolar se reduce y previene cuando las autoridades educativas cumplen con sus responsabilidades legales, se promueve la cultura de paz, la solución no violenta de conflictos y se abren espacios de participación y libertad de expresión a las y los estudiantes”.

En el caso de Norma Lizbeth, refirió que la joven agresora recibirá un tratamiento de acuerdo a su edad, a partir de lo que establece la Ley nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. En tanto, las víctimas —Norma y su familia— tienen derecho a la justicia y reparación del daño.

Martín Pérez también hizo un llamado a que los medios de comunicación asuman una postura ética respecto a la información que difunden en sus plataformas, ya que existe material que no promueve la paz y la sana convivencia entre las personas.

“Los medios de comunicación tienen el desafío ético y profesional para evitar sumarse a la desinformación, al difundir información falsa, videos de peleas y filtración de datos personales que sólo alimentan el populismo punitivo. Todo ello innecesario para cubrir el hecho noticioso con información verificada e identificación de autoridades responsables”.