CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de Estados Unidos puso en tela de juicio la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que presenta Ana Elizabeth García Vilchis.

El informe del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en el mundo incluye en su apartado sobre México una sección referente a la libertad de expresión.

Ahí, el gobierno de Joe Biden externó su preocupación por el clima de violencia y acoso que sufren los trabajadores de los medios de comunicación en México.

El informe que difundió el lunes la dependencia que encabeza Antony Blinken expuso que la ley mexicana establece la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios, “y el gobierno en general respetó este derecho”.

Expuso que los medios independientes estuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricciones.

Sin embargo, señala que “a menudo se autocensuraron por temor a las represalias de los funcionarios gubernamentales y las organizaciones criminales transnacionales”.

El informe señala que los periodistas podían criticar al gobierno y discutir asuntos de interés general sin restricciones. Sin embargo, destacó que los políticos, incluido el presidente López Obrador, desacreditaron y criticaron públicamente a dichos periodistas para presentarlos como parciales, partidistas y corruptos.

“El descrédito oficial de los trabajadores de la prensa empeoró a partir de junio de 2021, cuando las autoridades introdujeron la inclusión regular de una sección de ‘Quién es quién en mentiras’ en la conferencia de prensa matutina del presidente para exponer a los periodistas que supuestamente informaron noticias falsas”, dice el informe del Departamento de Estado.

“El 1 de febrero, el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH dijo que el presidente López Obrador debería suspender este segmento de su conferencia matutina dada la escalada de violencia contra periodistas”, indicó.

El informe consigna después que los periodistas fueron asesinados o sometidos a ataques físicos y cibernéticos, hostigamiento e intimidación (especialmente por parte de agentes estatales y organizaciones criminales transnacionales) en respuesta a sus informaciones.

“Esto limitó la capacidad de los medios para investigar e informar, ya que muchos de los reporteros asesinados cubrían el crimen, la corrupción y la política local.

“Los altos niveles de impunidad, incluidos los asesinatos o ataques a periodistas, dieron lugar a la autocensura y redujeron la libertad de expresión y de prensa”, acusó el Departamento de Estado en su informe.