El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la impugnación presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la primera parte del Plan B de la reforma electoral impulsada por el gobierno federal.

De acuerdo con las listas de notificación de la Corte, el ministro dio entrada a la controversia constitucional tramitada por el INE en la que afirmó que las reformas a la Ley General de Comunicación y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas vulneran sus competencias.

“El promovente de la controversia sostiene que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las porciones normativas que destaca, vulnera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución Federal; así como producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional, esto es, que el Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, señaló el ministro.

Por ello, ordenó notificar a las cámaras de Diputados y Senadores y al presidente de la República del inicio de este litigio, sin embargo, no les requirió que informen sobre las fechas de inicio de los próximos procesos electorales, debido a que esta información ya se encuentra en las acciones de inconstitucionalidad tramitadas contra estas modificaciones.

Asimismo, el ministro Pérez Dayán admitió a trámite una controversia constitucional presentada por Marco Antonio Bonilla Mendoza, presidente del Municipio de Chihuahua, Chihuahua, contra esta primera parte del Plan B.

Bonilla Mendoza solicitó suspender la entrada en vigor de dicha reforma, pero el ministro le negó la medida.

Hasta ahora sólo ha concedido una suspensión para que las modificaciones a la Ley General de Comunicación y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas no se apliquen en los procesos electorales iniciados en Coahuila y el Estado de México.