CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que solo están a la espera de la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre su resolución para que el Registro Público de Agresores Sexuales no sea público; “vamos a respetar la decisión de usarla de manera privada”, dijo.

 Cuestionada el jueves en conferencia sobre la ruta jurídica que tomará el gobierno local tras la resolución del máximo tribunal del país, la aspirante presidencial aseguró:

"En el momento en que recibamos la notificación de la Suprema Corte, en ese momento vamos a respetar la decisión y usarla de manera privada”.

La funcionaria recordó que el objetivo de ese Registro “era disminuir las agresiones hacia las mujeres y visibilizar a quienes son los agresores. La Suprema Corte planteó, a partir de una solicitud que hicieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, también a partir de una queja, que no era procedente hacerlo público y vamos a acatar la resolución”.

-¿Entonces, durante su funcionamiento no tuvo resultados? ¿Sirvió de algo o no?, preguntó la prensa.

-Sí sirvió, por supuesto. El tema más bien es que consideran que es violatorio de Derechos Humanos, por eso nos plantean que se haga de uso administrativo, contestó.

Se podrá consultar: Godoy

En la inauguración del Centro de Atención a las Mujeres en la alcaldía Magdalena Contreras, la fiscal general de la CDMX, Ernestina Godoy, fue cuestionada sobre la posición de la institución que dirige respecto a la resolución de la SCJN.

“Vamos a atender lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia. Ya hay una inscripción de cuando estaba, cuando era público, traíamos ya órdenes de los jueces para registrarlos y el número de años que iban a permanecer”, dijo.

Agregó que “la Corte ha definido que sí existe ese registro pero no será público, lo cual quiere decir que se seguirán inscribiendo y se podrá consultar; seguramente bajo determinados requisitos se podrá consultar ese registro, que ahora no será público”.

El lunes pasado, los ministros de la SCJN determinaron que al ser público este Registro se violan los principios de presunción de inocencia y de readaptación social, ya que se permitía mantener el nombre de una persona en la lista hasta 30 años después de haber cumplido su sentencia. Las autoridades también ordenaron que la decisión tenga efecto retroactivo al 21 de marzo de 2020, cuando entró en vigor la medida.