CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En el ranking nacional de violencia, Sonora aparece en séptimo lugar, pero Cajeme destaca porque cada mes el promedio de asesinatos por arma de fuego es de medio centenar sin que el gobernador del estado, Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, haya logrado detener esta espiral de violencia desde que asumió el cargo en 2021.

En noviembre pasado, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó que Sonora ocupaba el séptimo lugar nacional en incidencia de homicidios en el país. Detalló que por cada 100 mil habitantes, la entidad se ubica por encima de la media (117 asesinatos) con un registro de 216 homicidios sobre ese indicador, con lo que se ubica en la posición siete en incidencia.

De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de 2018 ha habido una tendencia a la baja en ese ilícito. Pues ese año se reportaron mil 600 casos de asesinatos en la entidad, para el siguiente año hubo mil 443 y hasta septiembre del 2023 se registraron 885.

Sin embargo, la violencia se mantiene en cuatro de los 72 municipios de Sonora que concentran 75 por ciento de los delitos en el estado: Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado y Caborca.

La masacre registrada en Cajeme apenas el pasado 29 de diciembre, con la muerte de seis personas, tres de ellos menores de edad, y 29 heridos de los cuales cuatro estaban en estado de gravedad, en una fiesta de 15 años, alrededor de las 1:40 horas de la madrugada en la calle Pedro María Anaya entre Pascual Orozco y Carmen Serdán, prendió nuevamente los focos rojos en Sonora donde hay una disputa de cuatro grupos controlados por los cárteles de Sinaloa y el de Caborca.

Desde hace tres años, de acuerdo con los informes de la Unidad de Inteligencia Naval, han sido detectados estos grupos en Sonora: Los Páez y/o Los Paleteros; Los Rumas y/o Los Costeños; Los Cazadores y Los Salazar, quienes se disputan el control territorial, en virtud de la ubicación estratégica que tiene para el trasiego de droga y tráfico de personas.

La guerra por el territorio se trataría de una pelea entre Rodrigo Páez Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero, quien controla la escisión de Los Páez, y los hijos del exlíder del Cártel del Pacífico, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo, quienes controlan a Los Salazar, Los Rumas y/o Los Costeños y Los Cazadores, los dos últimos grupos operan desde la costa de Caborca y el municipio de Altar, Sonora.

Hasta el último día del año, Cajeme ya registraba 51 muertos con la masacre ocurrida en la fiesta de quince años donde, según el gobierno de Durazo, fue producto de un ataque directo contra del líder de un grupo criminal identificado como “El Wacho” quien a pesar de que ya contaba con órdenes de aprehensión por feminicidio en tentativa, homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa, estaba en la fiesta.

El gobierno de Alfonso Durazo, no ha logrado reducir los hechos violentos de alto impacto en el municipio de Cajeme y los homicidios se mantienen con altos índices. Con base a las cifras oficiales, la cifra de muertes por hechos violentos alcanza un promedio de 49 víctimas por mes, es decir 1.6 asesinatos cada día, que representa apenas una disminución del 2 por ciento con relación a la media de 2022 en el mismo intervalo analizado, cuando se promediaron 50 víctimas por mes.

Sin embargo, cuatro meses han rebasado las 50 víctimas mortales por hechos violentos: marzo con más reportes con 73, enero, junio con 53 y 51 respectivamente, y en diciembre también con 51.

Además, de acuerdo al Observatorio Sonora por la Seguridad, el 60 por ciento de los policías de las distintas corporaciones de seguridad que han sido asesinados en Sonora, corresponden a Cajeme, donde han sido asesinados seis elementos, entre ellos el director operativo de la Policía Municipal de Cajeme, Jesús Alberto Navarro Velarde, cuyo puesto lo colocaba como el segundo al mando dentro de la Dirección de Seguridad Publica.