CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Tres días despúes de que una juez federal ordenó devolver a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), su casa de Lomas de Bezares valuada en más de 38 millones de pesos, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que el inmueble se encuentra asegurado y no será devuelto. 

"El criterio expresado por la Jueza Federal Ana Lilia Osorno Arroyo es inaceptable, al negar la aplicación obligatoria de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y alegar una retroactividad que es contraria a la misma", afirmó la dependencia en un comunicado. 

La dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero, refirió que Ley Nacional de Extinción de Dominio establece, que ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado, y que son legales y válidos los procedimientos de extinción que se hayan iniciado a partir de la entrada en vigor de la misma, con independencia de que el hecho ilícito haya sucedido con anterioridad (Artículo 12 y 6º Transitorio).

Además aseguró que estos artículos y toda la Ley correspondiente, fueron convalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando revisó la totalidad de dicha Ley. Por lo que el recurso de apelación correspondiente se está presentando dentro del plazo legal; y se informará, en su momento, sobre los alegatos que la FGR expondrá al respecto.

El jueves la juez Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Domino, Ana Lilia Osorno Arroyo, concluyó que la FGR se equivocó al fundar su pretensión de quedarse con el inmueble conforme a un recurso legal que no estaba vigente cuando Lozoya supuestamente lo adquirió con dinero proveniente de sobornos.

Para la FGR esa adquisición fue ilegal porque el dinero para comprar la casa supuestamente provenía de un soborno que le fue pagado a Lozoya por parte de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), para concretar la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó el viernes pasado que cualquier error es aprovechado por los jueces para beneficiar a quienes presuntamente incurrieron en faltas a la ley.

 López Obrador quien responsabilizó al Poder Judicial de esa decisión, refrendó su intención de impulsar una reforma para que los jueces sean elegidos por voto popular.