CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá negar el amparo a Uber Eats contra el impuesto del 2% que la Ciudad de México cobra a las plataformas digitales para contactar a repartidores de alimentos y paquetería.

Con esto, el ministro Luis María Aguilar Morales planteará a sus compañeros en la Segunda Sala de la Corte avalar el arancel por el “aprovechamiento de la infraestructura de la ciudad” que se impuso desde el año 2022.

El proyecto será presentado el próximo miércoles 29 de noviembre durante la sesión de la Segunda Sala.

De acuerdo con el documento, público en la página de la Corte, el ministro Aguilar Morales considera que este tributo no viola los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad tributarios; los de legalidad; destino del gasto público o seguridad jurídica; ni algún tratado internacional.

"Del impuesto establecido por el Congreso de la Ciudad de México no está vinculado con el uso, explotación o aprovechamiento de la infraestructura de la Ciudad (bien del dominio público), sino que consiste en la realización de las actividades de intermediación, promoción o de facilitación digital a través de la operación y/o administración de aplicaciones y/o plataformas informáticas de control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, para la interconexión que permita a los usuarios contactar con terceros oferentes de bienes, para la entrega o recepción de paquetes, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía en territorio de la Ciudad de México", señala el proyecto de Aguilar.

Otras aplicaciones como Rappi también tramitaron amparos contra este impuesto, mismo que ha sido considerado por algunos jueces federales como inconstitucional y han concedido suspensiones para permitirles no pagarlo.

En la demanda de amparo de Uber, la empresa afirmó que este impuesto representa una barrera para la reactivación y la digitalización económicas posteriores a la pandemia del covid-19, afectando a los pequeños y medianos comercios de la CDMX.

El impuesto fue establecido en enero de 2022 bajo el argumento de que durante la pandemia hubo un crecimiento exponencial en el comercio electrónico, beneficiando a las empresas, por lo que estas debían contribuir a la Ciudad.