CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal concedió a Jesús Murillo Karam el beneficio de continuar su proceso por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración pública por el caso Ayotzinapa, en prisión domiciliaria, sin embargo, el extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) aún no podrá salir de la cárcel.

Esto, debido a que permanece vigente la medida de prisión preventiva justificada que le fue impuesta en el segundo proceso que enfrenta, también relacionado con la desaparición de los 43 normalistas, en el que se le imputó tortura y desaparición forzada.

El fallo fue emitido por el juez de control José Rivas González, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en una audiencia celebrada ayer en la que consideró la edad avanzada del exfuncionario y su deteriorado estado de salud para determinar que ya no se acredita el riesgo de fuga que inicialmente alegó la Fiscalía General de la República (FGR) para obtener la prisión preventiva justificada.

Para ello, impuso otras medidas adicionales como la colocación de un brazalete electrónico y la prohibición de acercarse a cualquier aeropuerto.

Debido a que el cambio de medida cautelar no podrá ejecutarse aún, Murillo Karam permanecerá internado en la Torre Médica de Tepepan, en la que se encuentra desde el pasado 30 de junio mientras consigue modificar la medida en el segundo proceso que tiene en su contra.

Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto de 2022 en su domicilio ubicado en las Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

La FGR lo señaló por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración pública debido a que lo responsabilizó de crear la llamada verdad histórica en el caso Ayotzinapa y alterar evidencias.

Los fiscales ya presentaron su acusación por escrito y solicitaron imponer una condena por 82 años de prisión y el pago de una multa de un millón 792 mil 400 pesos.

El segundo proceso iniciado en su contra data de abril de este año en el que fue señalado por supuestamente ordenar la tortura contra Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, identificado como integrante de los Guerreros Unidos, grupo al que se atribuye la desaparición de los 43 normalistas.

Dicha tortura supuestamente tuvo como objetivo obligar a Rodríguez Salgado a declarar conforme a la verdad histórica creada por las autoridades.