CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La reforma constitucional con la que se busca disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, no se concretará este año, así lo informó Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) en conferencia de prensa.

El diputado panista también dijo que hay intención de todas bancadas para que la iniciativa sea votada y discutida en el pleno de la Cámara, antes de que concluya el actual periodo ordinario, lo que sucederá el 15 de diciembre.

La intención es que este dictamen, de 40 horas laborales, salga en este periodo; que se convierta en una reforma constitucional en este año es prácticamente imposible, no así que votemos en este periodo en la Cámara de Diputados”, declaró.

Agregó que existe consenso entre los distintos grupos parlamentarios, para que salga esta reforma “cuidando” que las microempresas no se vean afectadas, por lo que se está previendo añadir artículos transitorios para establecer que la reducción de la jornada laboral se haga de forma progresiva.

“La intención es que este dictamen, de 40 horas laborales, salga en este periodo; que se convierta en una reforma constitucional en este año es prácticamente imposible, no así que la votemos en este periodo en la Cámara de Diputados”, dijo el panista.

Mencionó que existe consenso para que salga la reforma, pero “cuidando” a las microempresas para que no se vean perjudicadas por esta nueva disposición, por lo que se prevé agregar artículos transitorios que establezcan que la aplicación sea de forma progresiva.

“Entre otros de los acuerdos que existen para sacar adelante la reforma de las 40 horas laborales es precisamente en sus disposiciones transitorias, es acordar su progresividad, no sea una disposición legal que entre de la noche a la mañana en vigor, y para que no sea un impacto tan de golpe, se plantea una progresividad”, señaló.

Con anterioridad, algunos empresarios pidieron a los legisladores que la aplicación de esta reforma se aplicara paulatinamente, para no perjudicar a ciertos sectores, como puede suceder con el de la construcción y el agrícola.

Es el artículo 123 de la Constitución el cual se pretende modificar, por lo cual al ser una disposición constitucional se requiere de la aprobación de dos terceras partes del Congreso, incluyendo el Senado y de 17 estados del país, para su validez.

Desde abril, la Comisión de Puntos Constitucionales avaló este proyecto, sin embargo, al haber dudas sobre su aplicación se decidió realizar un Parlamento Abierto.