AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- El fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, declaró la tarde del lunes en rueda de prensa que los primeros indicios sobre la muerte de Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes y de su pareja, Dorian Daniel Nieves Herrera, indican que, posiblemente, se trató de un tema “de índole personal”.

Sus cuerpos fueron localizados la mañana del lunes al interior del domicilio en donde ambas personas habitaban, ubicado en el fraccionamiento residencial Punta del Cielo.

“Todavía el personal de la fiscalía del estado se encuentra en estos momentos en el domicilio. No hemos concluido, seguimos levantando los indicios. En las dos plantas se encontró presencia de huellas hemáticas y no se encontró ninguna violación a las chapas (…) Encontramos algunos indicios que nos pueden ayudar a determinar que aparentemente hay lesiones corporales ocasionadas por navajas, objetos cortantes que habrían ocasionado la pérdida de la vida de ambas personas”, dijo Figueroa Ortega al arrancar con la rueda de prensa.

El fiscal estatal detalló que el reporte fue recibido en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal pasadas las ocho de la mañana, cuando la empleada doméstica del domicilio llamó a los servicios de emergencia.

Y agregó que el caso será investigado bajo el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra personas LGBT+.

Los videos de seguridad del domicilio, dijo el fiscal, muestran como le magistrade, de 37 años, y su pareja, de 35, arribaron al domicilio a la 1:16 de la madrugada de este lunes, presuntamente tras un viaje que Baena Saucedo realizó en el estado de Oaxaca, a donde acudió al evento “Escenarios Políticos, Nueva Realidad Partidista: Acciones afirmativas y paridad de género”, organizado por el Partido del Trabajo (PT).

“No encontramos ningún indicio que nos lleve a establecer que una tercera persona ingresó al domicilio. (...) estamos en búsqueda de alguna otra información personal que no sea del lugar de hecho para saber si hay alguna situación extra. (...) La forma en que se encontraron los cuerpos nos permite establecer que todo pudo haber ocurrido entre ellos, es decir, que las lesiones pudieron haber sido provocadas entre ellos mismos pero no estamos fijando una postura por parte de la fiscalía porque no hemos concluido con el levantamiento de indicios”, dijo el fiscal al concluir con su mensaje, sin aceptar preguntas de las y los periodistas presentes en el lugar.

Por ahora el domicilio donde ocurrieron los hechos se encuentra asegurado.

Críticas

Las declaraciones del fiscal del estado han sido duramente criticadas por integrantes de la comunidad LGBTQ+ en el estado y el país, quienes reprochan la sugerencia de un móvil sin haber concluido con las investigaciones.

“Nos parece una irresponsabilidad el manejo de la rueda de prensa. No sé si en menos de una hora hayan recabado debidamente las huellas y las hayan procesado de tal manera que el fiscal pueda hacer una aseveración como tal. Nos parece preocupante que se haya sembrado la idea de que fue un tema entre las dos víctimas y que salgan a decir que no hay huella de un tercero. El Protocolo homologado habla de que primero se deben de agotar todas las vías de investigación y una de las primeras preguntas es si la persona tiene o ha solicitado órdenes de protección, situación que sí sucedía en este caso en específico”, dijo Wilfrido Salazar, abogado e integrante de la Comunidad para la Diversidad, los Derechos y la Ciudadanía (CODDEC) y del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTQ+.

Desde julio de este año, cuando  Ulises Salvador Nava Juárez, un activista de la comunidad LGBTQ+ y jefe del Departamento de Diversidad Sexual de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), y amigo de Baena Saucedo, fue asesinado a balazos en el primer cuadro de la capital aguascalentense; le magistrade solicitó seguridad personal, medida que le fue otorgada, aunque no se sabe por cuánto tiempo.

Baena Saucedo, quien había asegurado que recibía amenazas de muerte en sus redes sociales, se encontraba bajo el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación.