CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Accionistas de la empresa lechera Sello Rojo solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscalía General de la República (FGR) su intervención para la defensa de su integridad física y patrimonial.

En rueda de prensa, las familias González Uyeda y González Sánchez, accionistas de Sello Rojo, denunciaron que la empresa “ha sido materia de un despojo” perpetrado por Abraham Kunio González Uyeda, quien fuera subsecretario de Gobernación durante los tres primeros años del gobierno de Felipe Calderón.

Denunciaron que el también colaborador del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, obtuvo y mantiene apoyo irrestricto de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Jalisco desde el pasado 26 de junio de 2019, cuando ocurrió el despojo.

En la conferencia ante reporteros, los hijos de José Luis González Sánchez y Josefina Rodríguez y vocero de una familia González Uyeda, pidieron a López Obrador retomar el caso y ordenar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una investigación de los delitos relacionados con aspectos fiscales y financieros por parte de quienes hoy dirigen la empresa, así como poderles otorgar a los afectados el Servicio de Protección Federal.

Roberto Eiji González Uyeda, José Luis González y Josefina Rodríguez explicaron que la contienda judicial que en varios frentes sostienen, da inicio con el establecimiento de medidas cautelares con las que Abraham González Uyeda toma el control de la empresa, y no ha tenido solución gracias a la intervención de funcionarios pertenecientes a los poderes Judicial y Ejecutivo de Jalisco en favor de Abraham y su hermano Rubén González Uyeda.

Asimismo, afirmaron que Abraham González es conocido ampliamente en Jalisco por la fuerte influencia y capacidad de manipulación que ejerce sobre funcionarios del círculo cercano al gobernador Enrique Alfaro, magistrados, consejeros y jueces del Poder Judicial, notarios, agentes del ministerio público estatales y federales, entre otros.

Arbitrariamente, señalaron, Abraham y Rubén González Uyeda incluso han negado entregar las utilidades que les corresponden por ley a José Luis González y Josefina Rodríguez por más de siete años, periodo en el que la empresa ha tenido ventas superiores a los 36 mil millones de pesos.

Los familiares de los socios afectados explicaron la forma en que, en 2019, con base en un viciado dictamen, los hermanos Abraham y Rubén González Uyeda argumentaron que la empresa tenía un riesgo potencial de deuda de 400 millones de pesos.

“Lo que utilizan como argucia para hacerse de la empresa y dar inicio a una serie de acciones de despojo con base en intimidaciones y amenazas dirigidas al resto de los socios, así como de prácticas laborales ilícitas que han llevado a la empresa a crecientes pérdidas”, acusaron. 

Abraham y Rubén González Uyeda hoy no entregan reportes detallados, se han negado al pago de dividendos a los socios, han modificado ilegalmente los estatus de la empresa y con ello logrado la anulación del voto corporativo de los socios.

No solo eso, también han llevado a cabo una permanente violación de derechos de los trabajadores como despidos masivos, firmas forzadas de renuncias e incluso secuestros temporales denunciados por los trabajadores en Guadalajara, Acapulco, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Los hijos de los socios, de 86 y 90 años, explicaron que Abraham González Uyeda logró el bloqueo a una denuncia de hechos en la Ciudad de México para regresarla a Jalisco, y en respuesta a dicha denuncia estarían inventando una presunta acusación por actos de delincuencia en contra de Paloma y Mayarí González, hijas del fundador José Luis González.

“En días recientes nos hemos enterado que en la oficina del gobernador Alfaro se estarían posiblemente armando procedimientos penales en contra de todos y cada uno de nosotros”.

Revelaron que existe una pérdida acumulada para la compañía desde que Abraham asumió ilegalmente el control, de casi mil 300 millones de pesos, y hoy se pone en riesgo el empleo de más de 8 mil trabajadores.              

Asimismo, aseguraron que, como miembro del grupo de colaboradores de Genaro García Luna, Abraham González mantiene una red de apoyo en la Fiscalía General de la República (FGR), utilizando como operador legal al mismo despacho acusado de fraude multimillonario en el caso de la Fundación Jenkins.

“Esto nos ha imposibilitado a obtener justicia en Jalisco, razón por la cual pretendemos llamar la atención de los poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación”, enfatizaron.

Los accionistas acusaron que las conductas concebidas y coordinadas por los hermanos González Uyeda se traducen en diversos delitos del orden estatal y federal como evasión de impuestos, lavado de dinero, fraude procesal, simulación de actos jurídicos, operación en el extranjero con recursos de procedencia ilícita, falsificación de firmas, amenazas, entre otros.