Chilpancingo, Gro. (Proceso).- El desgaste de un sistema de seguridad sin control interno, el retiro de medidas cautelares y la pérdida gradual de su vista fueron el preámbulo del asesinato de Bruno Plácido, fundador de las autodefensas en Guerrero.

Hace una década, los hermanos Bruno y Cirino Plácido (1961–2019) crearon la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) que se convirtió en un sistema de seguridad y justicia ciudadana.

La figura del primero emergió desde el zapatismo cuando fue jefe de seguridad del subcomandante insurgente Marcos en su visita a la entidad.

A 10 años, la Upoeg fue replegada y su principal líder asesinado en Chilpancingo la tarde del 17 de octubre.

El defensor de derechos humanos Abel Barrera, el periodista ñuu savi Kau Sirenio y el dirigente Jesús Plácido explican el reciente crimen de alto impacto en el estado y su repercusión en el movimiento social.

La Upoeg, reflexiona Abel Barrera, tuvo un crecimiento vertiginoso y la fuerza para enfrentar a la delincuencia, pero sus integrantes le apostaron al uso de las armas, sin control de su estructura ni respeto a los derechos humanos.

“A Bruno ya lo habían madreado por todos los frentes, le quitaron la seguridad. Ya lo habían condenado a la muerte, dice Kau Sirenio.

Para su sobrino Jesús, el crimen fue un acto cobarde de la delincuencia organizada y el Estado. Bruno, dice, ya estaba en tratamiento de hemodiálisis y perdiendo la vista por la diabetes, “aprovecharon verlo solo para asesinarlo”.

Kau Sirenio Pioquinto es originario de Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán, y ha sido testigo de la creación de los sistemas de seguridad comunitaria en la Costa Chica.

La Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas (CRAIN), con su policía auxiliar de caminos y su transformación a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) con su policía comunitaria, nacieron ante la ausencia del Estado en medio de la inseguridad y la violencia.

La ruta de Azoyú, Marquelia y San Luis Acatlán era intransitable. Caciques habilitaron a secuaces para cometer robos descarados en la carretera. 

Y en Cuanacaxtitlán, todos buscaban tener poder económico por vía de la violencia, había una confrontación profunda. Ahí y en las comunidades se cometían abusos sexuales contra las mujeres. En 1994 se perpetraron 115 asesinatos en esa localidad.

También vio surgir el liderazgo de los hermanos Plácido.

“Bruno y Cirino tenían mucha visibilidad, estaban en el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia de los Pueblos Indígena, Negra y Popular. Fue la primera organización que respaldó al EZLN, marchó de Chilpancingo al Distrito Federal para demandar el cese al fuego del Estado”.

Cuando en Cuanacaxtitlán se crea la policía auxiliar de caminos en 1995, Bruno Plácido es nombrado comandante regional de la CRAIN. Ahí se ganó la confianza de las comunidades. Con la CRAC-PC fue tesorero en 1998 y Consejero Regional a partir de 1999.

Se fortalecería en 2001 en la Marcha del color de la tierra del EZLN que recorrió parte del país para exigir reconocimiento al derecho y cultura indígena.

“Le toca hacerse responsable de la seguridad comunitaria del subcomandante insurgente Marcos desde Ixtapan de la Sal, Iguala y Morelos. En ese tramo, Bruno es el jefe de seguridad del líder del ejército zapatista, un reconocimiento que las comunidades le otorgaron”.

Llegan al Congreso Nacional Indígena, toman el Congreso de la Unión y Bruno entra a la negociación junto al subcomandante, dice.

A partir de ahí Cirino, el intelectual de los hermanos, también cobra protagonismo. Hay acompañamiento a las comunidades.

Durante el gobierno de René Juárez, Bruno, el sacerdote Mario Campos y otras autoridades fueron encarcelados y torturados durante dos días por policías judiciales.

Pero el liderazgo de los Plácido en la CRAC empezaría a minarse.

Ruptura

Kau Sirenio ubica dos hechos que contribuyeron a que los hermanos Cirino y otros integrantes rompieran con la CRAC. 

El primero, la infiltración de dos personajes enviados en 2005 por el gobierno de Zeferino Torreblanca, que consideraba a la organización como semilla de insurgencia.

Se trata de Pablo Guzmán Hernández, del ejido del general Rodríguez, cerca de Marquelia, y Valentín Hernández Campa, un estudiante morelense que llegó con una beca de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI) para acompañar el proyecto. Ambos eran acreditados por la Asociación Cívica Revolucionaria Nacional, pero militaban en el PRD.

El primero, asegura Kau, se encargó de organizar las asambleas y sembrar discurso de odio para desconocer a Bruno, Cirino, Apolonio Cruz Rosas, al fundador y sacerdote Mario Campos, así como a Abel Barrera que acompañó la creación de la organización.

“Fue una estrategia del Estado, preparaban el terreno para la ruptura”, dice.

Otro hecho, agrega, es que líderes de Buena Vista se quedaron con los proyectos de las comunidades gestionados por el Consejo Guerrerense. Bruno cuestionó eso y abrió otro frente para romper con la CRAC.

Esos personajes que se habían enriquecido con el movimiento indígena, asegura, fueron los principales impulsores para desconocer a Bruno y Cirino.

La Upoeg surge en 2011 para gestionar carreteras y disminuir las altas cuotas de la Comisión Federal de Electricidad a pueblos de la Montaña.

Dos años después, Bruno decidió organizar su propio grupo armado para combatir al crimen organizado en Ayutla y San Luis Acatlán. Fue el primer grupo de autodefensa en el estado y tuvo el aval del gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, observa claroscuros del surgimiento y estado actual de la Upoeg.

La Upoeg, dice, tuvo un crecimiento vertiginoso importante y la fuerza para enfrentar a grupos de la delincuencia, como en Ayutla, donde en dos semanas desmontaron la estructura delincuencial para avanzar a Marquelia y Tecoanapa con el apoyo de la gente.

“El problema fue que le apostaron más al uso de la fuerza y de las armas, a un modelo de autodefensa armada donde no había controles internos de las comunidades o de la estructura de la organización para pedir cuentas a comandantes o policías sobre sus actuaciones. 

“Tampoco hubo un proceso de formación, en el uso adecuado de la fuerza, en el respeto de derechos humanos, en entender que el movimiento no era para cobrar venganza.

“Esta falta de proyecto, transparencia y rendición de cuentas, dio la pauta para que las decisiones las tomaran los hombres fuertes, los comandantes, que se fueron corrompiendo al hacer ligas con la delincuencia, negociaban la libertad de algunos detenidos, llegaban a pactos”.

Barrera puso como ejemplo el caso de Vicente Suastegui, luchador en contra de la presa La Parota, desaparecido por la fuerza el 5 de agosto de 2021 y que de acuerdo a las investigaciones fue entregado a Pedro Santos Cruz, el Comandante Pino, de un grupo de autodefensas de la Upoeg en la comunidad Metlapil de Acapulco.

“Llevaron a Vicente a un lugar (motel Tres Palos) habilitado como comandancia y de ahí desapareció el activista. La fortaleza de la legitimidad de un movimiento que estaba enfrentando al crimen organizado se fue desfondando y cayó en las garras de la estructura delincuencial. 

“Hubo reacciones de la ciudadanía y de autoridades que fueron detectando actuaciones al marco de la ley y el uso excesivo de la fuerza, lo que dio pie a que la Upoeg se debilitara, se fragmentara y que no tuviera una depuración interna”.

“A Bruno ya no le dio fuerza por su enfermedad, no tuvo el pulso de las diferentes regiones donde los ejes eran los comandantes”, considera el defensor.

Aún con un liderazgo fuerte, el 9 de agosto de 2022, Bruno Plácido fue aprehendido por agentes de la Fiscalía estatal, acusado de robo y daños que se habrían cometido en 2016. Fue dejado en libertad al siguiente día.

Y el pasado 30 de julio, la Upoeg acordó en asamblea reactivarse ante el avance de grupos criminales a las comunidades y el asesinato de autodefensas. 

Condenado a la muerte

Jesús Plácido Galindo, sobrino de Bruno y dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, organización que también ha enfrentado al crimen en la Montaña baja, explica el contexto del crimen.

A sus 54 años. Bruno tenía que viajar cada tercer día a la capital del estado para recibir su tratamiento de hemodiálisis, lo hacía acompañado de su chofer. Estaba perdiendo la vista por la diabetes. 

En el gobierno de Héctor Astudillo (PRI), a Bruno se le asignó una camioneta blindada y policías estatales para su resguardo, pero esas medidas le fueron retiradas con la entrada del nuevo gobierno de la morenista Evelyn Salgado.

“Cuando entra la gobernadora, decomisan la camioneta blindada, le retiran los policías estatales y lo dejan sólo. Volvió a solicitar las medidas, pero le fueron negadas”, asegura Jesús Plácido.

Además, revela, ya había recibido amenazas del grupo delictivo Los Ardillos que operan en Ayutla. También se enfrentó a Los Rusos, que operan desde Acapulco a Ometepec. 

La Upoeg, dice, quedó debilitada porque la policía estatal desmanteló en 2022 sus comandancias en Buena Vista de la Salud, Tierra Colorada, Barra Vieja, San Marcos, Cruz Grande, Marquelia y Ometepec. 

“Pensaron que quitando la Upoeg se iban acabar la extorsión, los secuestros y los asesinatos. La seguridad en esas poblaciones se le quedó al Estado, pero todo sigue igual”.

Kau Sirenio resume: 

“La Upoeg se ha hecho trizas. A Bruno ya lo había madreado por todos los frentes, le habían quitado la seguridad. Ya lo habían condenado a la muerte”.

El gobierno del estado, agrega, ya había preparado el terreno para que civiles armados pudieran entrar en todo el territorio guerrerense.

Para Abel Barrera, la forma y el lugar en que fue ejecutado Bruno Plácido son graves porque hablan de un patrón de ajusticiamiento: en cualquier espacio y en dependencias públicas se cometen atrocidades.

“Hay una sensación de vulnerabilidad, de sentirnos inermes ante una avalancha delincuencial que no tiene límites. Obviamente, hay permiso para matar”.

Se ha constatado, dice, que la Guardia Nacional solo responde a instrucciones superiores de preservar lugares turísticos, acudir a bloqueos y conflictos sociales, pero sin atender la violencia cotidiana que atribuyen a los grupos delincuenciales.

Es inconcebible que a dos años la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, integrada por el gobierno estatal, así como por corporaciones estatales y federales de seguridad, no tenga una radiografía criminal.

“El patrón de ajusticiamiento debería tener resultados. La Mesa de Coordinación tiene todas las herramientas tecnológicas para hacer trabajo de inteligencia, ubicar a los grupos, nivel de criminalidad y potencial armamento, realizar acciones de prevención”.

La criminalidad, dice, se focaliza contra la población ligada a la lucha social, estudiantes del nivel superior y comunidades indígenas organizadas.

Otro factor contra la lucha social es la estigmatización que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador.

 “Hay una tendencia a descalificar el trabajo de defensores comunitarios y de organismos de derechos humanos. Se ha estigmatizado al trabajo que hacemos. AMLO nos ha calificado como intermediarios que mediatizamos a los pueblos y lucramos con la lucha social.

“Esa estigmatización pública da la pauta para que se descalifique, se atente, se genere animadversión y deje en indefensión a quienes estamos acompañando a comunidades y colectivos de víctimas con un compromiso ético de luchar por la justicia”, concluye.

En Guerrero hay un patrón de asesinatos de dirigentes sociales en el mes de octubre: 

Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, fue asesinada el 19 de octubre de 2013 en Atoyac, frente a testigos, cuando revisaba la reconstrucción de un puente. Su hermano Miguel Ángel fue asesinado en septiembre de 2005.

Ranferi Hernández Acevedo, dirigente campesino y político opositor al exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, fue desaparecido, torturado y asesinado el 14 de octubre de 2017 en Chilapa, junto a esposa, suegra y un ahijado.

Arnulfo Cerón Soriano, defensor de derechos humanos, fue desaparecido el 11 de octubre de 2019. Su cuerpo fue hallado 40 días después por presión de organizaciones internacionales.