CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con su reforma a la Ley Federal de Derechos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la mayoría legislativa de Morena pretenden entregar recursos multimillonarios a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y –en menor medida-- a la Secretaría de Marina (Semar) para que puedan operar los grandes proyectos de infraestructura del sexenio.

Esto, en caso de que el Senado apruebe la reforma a la Ley Federal de Derechos, aprobada por la Cámara de Diputados, la cual plantea la creación de nuevos fideicomisos castrenses, el incremento del impuesto a los aeropuertos privados de 5% a 9% de sus ingresos brutos, y la entrega de ingresos del turismo a la dependencia dirigida por el general Luis Cresencio Sandoval González.

Así, al igual que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que opera a 90% con subsidios del gobierno federal, el Tren Maya funcionará con recursos públicos multimillonarios, pues la Sedena recibirá las cuotas de 683 pesos cobradas a todos los turistas extranjeros que visitan el país y las pondrá en un fideicomiso para operar el megaproyecto de López Obrador, cuyo costo final rebasará los 480 mil millones de pesos, tres veces más que el monto anunciado en un principio.

El flujo de dinero, para la Sedena, será enorme: tan solo en 2022 llegaron al país 38.5 millones de turistas internacionales, a los que el gobierno cobró el llamado “Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”, también conocido por su acrónimo, DNR. Así, en 2019, tan solo de los pagos efectuados por los más de 16 millones de viajeros internacionales que llegaron a México por avión, el Instituto Nacional de Migración (INM) cobró 8 mil 150 millones de pesos, cuando la cuota era de 558 pesos, según documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Otros 29 millones entraron al país por vía terrestre.

La iniciativa actual cambia un poco una reforma impulsada por López Obrador en mayo pasado, la cual planteaba que el 80% de los ingresos del DNR irían a un fideicomiso creado por la “entidad paraestatal de la Administración Pública Federal cuyo objeto sea la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos, culturales”; una referencia a la empresa holding del ejército, llamada Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V.

Todo para el Tren Maya

Con la reforma actual, los fondos se destinarán solamente a la empresa Tren Maya, que administrará el megaproyecto cuando entre en operación. El presidente López Obrador ya ha adelantado que el tren no será rentable en términos económicos, pues se trata de un proyecto “socialmente rentable”, que aspira a dinamizar el sureste del país, aunque en mayo pasado dijo que en seis años de operación empezará a generar utilidades.

Durante el lapso de pérdidas, tendrá que funcionar con subsidios; en este caso, con los ingresos del DNR. La misma lógica está sucediendo en el AIFA, otro megaproyecto de 90 mil millones de pesos operado por la Sedena, que en su primer año recibió apenas 138 millones 820 mil pesos de ingresos, por lo que el gobierno federal tuvo que entregar a la Sedena un monto diez veces mayor --mil 328 millones de pesos-- para que el recinto funcionara.

La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos de Morena también plantea incrementar de 5% a 9% el derecho de uso de bienes concesionados (DUAC) que el gobierno federal cobra a las empresas que operan los 53 aeropuertos concesionados del país --es decir, las gigantes Asur, GAP y OMA-- y entregar el monto recaudado a la Sedena y la Semar para que puedan operar los aeropuertos a su cargo.

El monto es, de nuevo, sustancial: en 2022, con una tasa de 5% sobre los ingresos brutos, el gobierno cobró 2 mil 759 millones de pesos a los tres grandes grupos aeroportuarios, según los informes financieros que éstos presentaron ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Con el 9% y un incremento de los vuelos, este monto podría duplicarse y rebasar los 5 mil millones de pesos, que terminarían en fideicomisos de la Sedena y la Semar.

Y es que, desde el arranque de su administración, López Obrador entregó la mayor parte de los aeropuertos civiles a estas dos dependencias: a la Semar le tocó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón y Guaymas, y se sumó a la administración del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT). La Sedena, por su parte, controla el AIFA, el aeropuerto de Puebla, y está terminando la construcción de los de Tulum, Chetumal y Nuevo Laredo.

Con estas reformas, el gobierno de López Obrador y la mayoría de Morena refuerzan la atribución de recursos públicos a las instituciones castrenses, que de por sí tendrán un presupuesto histórico el próximo año: la Sedena, la Semar, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) administrarán 405 mil millones de pesos, es decir, uno de cada cinco pesos del gasto del Ejecutivo Federal.

Y esto, sin contar con los recursos multimillonarios que las dependencias castrenses controlan en fideicomisos: la Sedena tiene el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipos Militares, del que sacó 22 mil millones de pesos en 2022 y tiene disponibilidades por 42 mil millones de pesos, y desde este año controla también el Fideicomiso Público de Administración y Pago para la Contratación de Servicios y Obra Pública (Fapa), que se alimenta de las cuotas pagadas por agentes aduanales, ya que López Obrador dio a la Sedena el control de los puertos fronterizos terrestres.

El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por su parte, maneja un fideicomiso para el “pago de haberes, pensiones y compensaciones” para los militares, que mueve más de 25 mil millones de pesos al año. Por su parte, la Semar tiene un Fideicomiso de Pago y Administración, dotado de 17 mil millones de pesos.