Ciudad de México (Proceso).- Por falta de recursos el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) prepara la mudanza de uno de sus edificios en la alcaldía Benito Juárez a otro que durante 20 años operó como hospital en el que vendían niños recién nacidos.

Proceso confirmó que desde hace un mes la magistrada presidenta Estela Fuentes informó a sus compañeros del Pleno en la Sala Superior que el Tribunal ya no cuenta con recursos suficientes para pagar la renta del edificio Coyoacán.

Por ello, la Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de Información de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX otorgó al Tribunal un permiso administrativo temporal revocable para ocupar el edificio ubicado en la calzada Ignacio Zaragoza 491, en la alcaldía Venustiano Carranza, en las inmediaciones del metro Gómez Farías.

De este modo, el TJACDMX estará en posibilidad de desocupar y dejar de pagar la renta del edificio ubicado en Avenida Coyoacán 1153, colonia del Valle.

En dicho inmueble, se encuentran las oficinas de Atención Ciudadana, Auxilio Jurídico, la Dirección General de Administración, Informática, Contraloría, Recursos Humanos. Sin embargo, de acuerdo con la oficina de Comunicación Social del Tribunal, hasta ahora todavía no se ha definido qué oficinas se van a mudar al oriente de la CDMX.

Consultada por Proceso, dicha oficina explicó que la decisión de dejar de pagar la renta del edificio Coyoacán respondió a la necesidad de ahorrar recursos pues por la aplicación de las políticas de austeridad de la presente administración, desde hace 5 años el Congreso de la CDMX no ha incrementado el presupuesto asignado a la institución. Además de que el 80% de los recursos asignados al TJACDMX para operar se destina al pago de renta de los edificios que ocupan sus oficinas, el de Coyoacán y el central, ubicado en Insurgentes Sur, en el que se encuentran las Salas Ordinarias y Superior, así como la Oficialía de Partes.

Así, en los últimos 5 años, el Tribunal ha recibido un presupuesto de 515 millones de pesos para operar, mismo que para el ejercicio 2021 fue reducido por la aplicación de otras medidas de austeridad para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19.

Fuentes consultadas por esta casa editorial señalaron que actualmente el TJACDMX requiere 40 millones de pesos más de lo que le ha sido asignado en los últimos 5 años para operar óptimamente.

A pesar de que Inventario Inmobiliario ya autorizó la ocupación del inmueble de Zaragoza, el Tribunal no podrá ejecutar el proyecto hasta que el Congreso de la CDMX autorice el presupuesto que requiere no sólo para operar sino también para habilitar las nuevas oficinas pues dicho edificio tiene por lo menos 11 años de no ser utilizado y, por lo tanto, no está en condiciones de funcionar de manera inmediata.

Se espera que a mediados de noviembre se tenga un cálculo aproximado del gasto que el TJACDMX realizará para remodelar el edificio de Zaragoza, lo que la magistrada presidenta Estela Fuentes tendrá que incluir en su solicitud de presupuesto para 2024, misma que deberá presentar en enero próximo ante el Congreso local.

Inmueble con historia negra

El edificio que el TJACDMX espera poder ocupar el próximo año fue, durante más de 20 años, el Hospital Central Oriente hasta que en el año 2009 fue intervenido por las autoridades derivado de la denuncia de una madre cuya hija habría sido vendida al nacer.

En aquel entonces Vanesa Castillo, madre de la menor, declaró ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que cuando dio a luz escuchó a su bebé llorar, pero no pudo verla porque los médicos le dijeron que murió y la cremaron.

A pesar de ello, no recibió los restos de su hija ni el acta de defunción, en cambio, recibió un correo electrónico en el que el hijo del dueño de la clínica privada le reveló que su hija bebé fue vendida a otra pareja por 15 mil pesos.

Durante las investigaciones las autoridades dieron con evidencia de la venta de esta menor y tres más, según las declaraciones de los empleados detenidos, además de la práctica de abortos ilegales en los que las madres llegaban a tener más de 6 meses de gestación.

En estos casos, la red de médicos y enfermeros coludidos convencían a las madres de esperar a tener 6 meses y medio de embarazo para abortar, les practicaban una cesárea y a los bebés les inyectaban una solución para madurar sus pulmones y corazón, para posteriormente venderlos a parejas que no pudieran tener hijos.

Desde aquel 2009 la clínica fue cerrada, la PGJDF tomó posesión del inmueble y promovió la extinción de dominio del mismo, misma que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en enero de 2012.

Actualmente, de acuerdo con imágenes satelitales de Google, el lugar luce abandonado, cuyo letrero reza “HOSPITA LAS 24 HOR”, con paredes y ventanas vandalizadas y estructuras oxidadas.