CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El gobierno federal exhibió a otros cuatro jueces “que favorecen a presuntos delincuentes”, vinculados a los casos de Luis Donaldo Colosio; Tomás Zerón, por la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; Genaro García Luna; y la liberación de siete generadores de violencia detenidos en Cárdenas, Tabasco.

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, informó que el 5 de octubre por mayoría de votos, dos a favor, uno en contra, el Primer Tribunal Colegiado otorgó un amparo a Mario ‘N’, homicida confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, para dejar insubsistente la sentencia de 45 años de prisión decretada el 22 de diciembre de 1994 por el entonces Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito y que se emita una nueva sentencia tomando como base el código penal de Baja California.

Se exhibió a los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, magistrado José Pablo Pérez Villalba, magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia y el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, secretario en funciones de magistrado.

El tribunal, dijo, también ordenó al ahora Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito dar vista a la gente del Ministerio Público de la Federación sobre los actos de tortura que el quejoso manifiesta haber recibido.

Sobre el segundo caso, el de Zerón, prófugo en Israel, señaló que la jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, María Isabel Bernal Hernández, el 2 de octubre otorgó una suspensión definitiva para que funcionarios de la Secretaría de Gobernación se abstengan de condenarlo ante la opinión pública o de emitir juicio alguno sobre su probable responsabilidad en este caso que se investiga, mientras no se acredite delito alguno y se le debe de respetar su presunción de inocencia.

“La juzgadora también concluyó que, si bien es cierto que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad del caso y a que se les informe de los avances de las investigaciones, las autoridades deben de abstenerse de brindar información sugestiva hasta en tanto no se acredite la responsabilidad del hoy prófugo de la justicia”, señaló.

El subsecretario expuso que en el caso de García Luna, se trata del juez de Distro Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Gerardo Genaro Alarcón López y los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcenas Villanueva y Gabriela Guadalupe Ramírez Escobar.

El 10 de mayo de este año, el juez Alarcón López negó la orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad por el delito de enriquecimiento ilícito “bajo el argumento de que no basta que exista desproporción entre lo que percibió el imputado y su haber patrimonial, sino que el incremento debe de derivarse de actividades ilícitas relacionadas con el ejercicio de la función pública y no de otras fuentes. Esta determinación, posteriormente, fue confirmada el 28 de septiembre por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito”.

Del juez Alarcón también apuntó que considera arbitrario al imponerle una carga procesal al Ministerio Público distinta a lo que establece el artículo 224 del Código Penal Federal. Ante el hecho, la Fiscalía General de la República presentó dictámenes periciales, declaraciones patrimoniales de García Luna y su familia, escrituras públicas, información bancaria obtenida con control judicial; sin embargo, la orden de aprehensión fue denegada.

Finalmente, detalló sobre la liberación de siete generadores de violencia detenidos en Cárdenas, Tabasco, por el juez de Distrito en funciones de juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Tabasco, Luis Joel Escalante Pavía.

Dijo que en la audiencia del 8 de octubre, el juez calificó de ilegal la detención, con ello declaró nulos los actos de investigación recabados con motivo de la detención y ordenó la inmediata libertad de todos los detenidos al argumentar violación a sus derechos fundamentales.

“Las siete personas habían sido detenidas en flagrancia durante la madrugada del 6 de octubre de 2023 tras agredir con armas de fuego a elementos de seguridad pública estatal y federal que realizaban recorridos de vigilancia en la colonia El Toloque, en Cárdenas, Tabasco. Se les aseguraron armas largas, cortas, cartuchos útiles y cargadores. Cuatro de los detenidos, incluso, son extranjeros”, señaló.