CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció una operación de desalojo con violencia por parte de un contingente de granaderos en contra de la comunidad indígena otomí que reside en la casa de los pueblos “Samir Flores Soberanes”, en la anterior sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

“Denunciamos que desde hace algunas horas un numeroso contingente de granaderos del gobierno de la Ciudad de México está tratando de desalojar con violencia a la Comunidad Indígena Otomí, incluidos niños, mujeres y ancianos indefensos”, publicó el CNI en un comunicado de prensa.

En respuesta, los integrantes de la comunidad otomí prendieron fuego una barricada en avenida México-Coyoacán, evitando que se concretara el desalojo.

Según el comunicado del CNI, la comunidad indígena otomí ha ocupado ese espacio desde hace tres años, reclamando vivienda y una serie de derechos fundamentales que hasta la fecha no han sido atendidos por el gobierno, que se mantiene en silencio frente a las demandas.

La comunidad otomí atribuyó la violencia al gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Martí Batres, y afirmó que no cederán ante la represión ni permitirán ser despojados de su vivienda.

Los integrantes de la comunidad han denunciado la falta de diálogo en diversas ocasiones. En enero de 2022, el CNI convocó a un diálogo con las autoridades federales, entre ellos, Adelfo Regino Montes, titular del INPI, y Martí Batres Guadarrama, otrora secretario de Gobierno de la CDMX, quienes no se presentaron al diálogo a principios de febrero.

La semana pasada, la comunidad celebró el tercer aniversario de la toma del INPI.

El CNI exigió a los gobiernos de la Ciudad de México y federal que detengan de inmediato este desalojo y atiendan las demandas legítimas de la comunidad.

“Falso desalojo”

Por su lado, la Secretaría de Gobierno de la CDMX, informó a través de un comunicado que la madrugada del día de hoy, a las 00:05 horas, se llevó a cabo un operativo interinstitucional con el objetivo de liberar la vialidad en la Avenida México-Coyoacán, ubicada en la Alcaldía Benito Juárez.

“Esta intervención se realizó como respuesta a diversas denuncias ciudadanas sobre la afectación producida por el bloqueo al libre tránsito de miles de personas de toda la ciudad, y, particularmente, de ambulancias con pacientes que se dirigen con urgencia diariamente al Hospital General de Xoco”, explicó.

Según el gobierno, fueron los manifestantes quienes iniciaron la agresión. “Los ocupantes del edificio utilizaron tubos y palas metálicas, así como mobiliario del edificio, además de arrojar piedras y diversos objetos desde los pisos superiores del inmueble”, se lee en el comunicado.

En el operativo participaron equipos de las Secretarías de Gobierno (SECGOB), Seguridad Ciudadana (SSC), Obras y Servicios (SOBSE) y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), los cuales fueron acompañados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Y añadió respecto a las acusaciones de desalojo: “Es absolutamente falso que con esta acción se haya intentado desalojar las instalaciones del INPI; el operativo estuvo dirigido exclusivamente a liberar dicha vialidad”.