CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Senadores aprobó ayer reformar la Ley Federal del Trabajo para que empleadores se abstengan de solicitar o exigir la presentación de cartas de no antecedentes penales para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.  

El proyecto, aprobado con 69 votos a favor, también reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, para que no se discrimine a razón de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o antecedentes penales, para el ingreso, permanencia o ascenso de los trabajadores. 

Lo anterior, con excepción de lo que establece el artículo 27 fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, que se podrá pedir constancia relativa a los antecedentes penales cuando se solicite por autoridades administrativas o judiciales, esta sea necesaria para ejercitar algún derecho legalmente previsto, que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar cierto cargo público específico, para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada, cuando por la naturaleza del empleo o razones de interés público se considere exigible y cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México o viceversa. 

Sobre la iniciativa cuyo dictamen ya se envió a la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que está encaminada a impulsar una verdadera oportunidad de reinserción social para las personas que hayan cometido algún delito; y recordó que quienes salen de prisión además de encontrarse tras el escrutinio público, ven truncadas sus oportunidades para acceder a empleos, por lo que podrían recaer en actos delictivos. 

Por otra parte, la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Partido del Trabajo (PT), consideró correcto no pedir carta de antecedentes penales en la iniciativa privada, pero no así en la Administración Pública.

“Me parece un error en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado el no pedir la carta de antecedentes penales”, declaró la legisladora.

A su vez, el Pleno del Senado también aprobó un dictamen que modifica diversas leyes, con el fin de establecer un lenguaje inclusivo en la redacción de dichos ordenamientos jurídicos. 

Al respecto, Gómez Urrutia explicó que la propuesta busca que se utilicen términos que no diferencien a ninguna persona por razón de género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad u otras características personales.