CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un juez federal reactivó la orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, por enriquecimiento ilícito.

La defensa del exfuncionario ya impugnó el mandamiento de captura librado por un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia penal Federal con sede en el Reclusorio Norte.

Esta es la tercera orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) obtiene contra el exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón.

Debido a que fue emitida en cumplimiento de una sentencia de amparo, en la que se ordenó a la FGR realizar precisiones en su solicitud de orden de aprehensión, el juez de Distrito la tuvo por válida desde el 15 de diciembre pasado.

Sin embargo, aún no queda firme debido a que la defensa presentó un recurso de inconformidad contra esa validación.

El origen del caso

En este caso, la FGR buscaba imputar enriquecimiento ilícito a García Luna por 27 millones de pesos al afirmar que entre el año 2000 y 2012 recibió depósitos bancarios de personas no identificadas por 15 millones de pesos; participó en la compraventa de al menos cinco inmuebles por 9.7 millones de pesos y realizó pagos no identificados por 2.3 millones de pesos a tarjetas de crédito.

Asimismo, adquirió un vehículo de más de 617 mil pesos a pesar de que no tuvo un ingreso legal distinto al que percibía como servidor público.

Desde el 2020, la FGR consiguió una primera orden de aprehensión por estos ilícitos, sin embargo, en el amparo, Genaro García Luna logró que un juez federal dejara sin efectos el mandamiento al considerar que hubo incongruencias en los datos aportados por el Ministerio Público federal sobre los montos que recibió como servidor público y determinadas operaciones.

Finalmente, en la sentencia de amparo de la que derivó esta nueva orden de captura, un tribunal federal ordenó al juez del Reclusorio Norte considerar que García Luna sí informó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre la compraventa de inmuebles y que acreditó gran parte del dinero que le fue hallado en sus cuentas bancarias.

Por lo que para emitir la orden de aprehensión el juez debió considerar un monto menor a los 27 millones de pesos que la FGR buscaba imputarle.