CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones sociales y familiares del defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y del líder comunitario de Aquila, Michoacán, Antonio Díaz Valencia, exigieron la intervención efectiva de las autoridades en la búsqueda y localización de los activistas, así como la atracción de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación de la desaparición ocurrida el 15 de enero pasado, entre Michoacán y Colima.

En conferencia de prensa en instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh), Ana Lucía Lagunes, hermana de Ricardo, urgió a las autoridades estatales y federales actuar con prontitud para localizar a Lagunes y Díaz, porque “cada día que pasa sin saber de ellos es una agonía”.

Abundó que, como parte de las movilizaciones para exigir la presentación de los activistas, se instaló un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, desde el que “pedimos un pronunciamiento del presidente (Andrés Manuel López Obrador). La red está activa, con esperanza, con fuerza, queriendo que sea pronta su localización, no queremos que esto se eternice como ha sido para muchas personas la búsqueda de sus desaparecidos, estamos en un país complejo con este dolor clavado”.

Explicó que la petición de atracción de la FGR se debe a que las fiscalías de Michoacán y Colima “están actuando muy limitadamente, con todo y la presión estamos obteniendo poca información, no hemos tenido acceso a más información de la primera instancia, que fue el C5 de Colima, de la ruta de la camioneta”, en la que viajaban los defensores y que fue abandonada.

“Todo ha sido demasiado lento por parte de las fiscalías, desde retomar cualquiera de las propias evidencias para darle seguimiento a la indagación, hasta preguntarle a las personas de la zona, lo más básico, como la ruta que tomó la camioneta.

“Las autoridades nos han transmitido mucha buena voluntad, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Mecanismo de Protección (para Personas Defensoras y Periodistas), hay un intento de articularse con las fiscalías, pero no ha habido acciones concretas que sustenten esas palabras de buena voluntad”, lamentó Lagunes. 

De acuerdo a las primeras informaciones, la camioneta Honda, color blanco, en la que viajaban Lagunes y Díaz, fue reportada como abandonada en el Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, Colima, al C5 de esa entidad, alrededor de las 19:25 del 15 de enero, luego de que fue blanco de un ataque armado. En el vehículo se encontraron las pertenencias de los activistas.

En compañía de su tía, María Dolores Lagunes Moreno, y del coordinador de la Fundación Yansa, Sergio Oceransky, Ana Lucía hizo un llamado a la empresa minera Ternium a deslindarse de la desaparición de su hermano y del líder comunitario Antonio Díaz, “por ser el actor con más poder en la región y los impactos de su operación no solamente afectan al medio ambiente, sino al tejido social, generando conflictos y violencia”.

Al reconoce que no tienen mayores evidencias de la responsabilidad de Ternium, minera extractora de hierro, Ana Lucía destacó que la empresa “tiene relación con todos los actores locales, incluyendo los probables responsables de la desaparición”.

Y es que, como abogado, Ricardo Lagunes acompañaba a la comunidad de Aquila, de donde es originario Antonio Díaz, en un litigio contra la empresa Ternium, originaria de Luxemburgo, que opera en los estados de Colima, Jalisco y Michoacán, donde extrae el mineral de hierro.

Dicha empresa, que ha dividido a la comunidad, es propietaria del desarrollo minero Las Encinas, conformado por las minas Aquila, Palomas y El Encino, complejo del que se extraen a diario entre 12 mil y 15 mil toneladas de hierro.

En la conferencia de prensa, se leyó el mensaje de la esposa de Ricardo Lagunes, María de Jesús Ramírez Magallón, originaria de Aquila, quien urgió a las autoridades a que la búsqueda y localización de los defensores “sea el principio de acciones interinstitucionales para transitar al ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la región, con ello se podrían abrir procesos de sanación del tejido social”.

Ramírez Magallón alertó en su mensaje que “el abandono, exclusión y desigualdad que mantiene a nuestras comunidades en la pobreza nos hace vulnerables a dinámicas de violencia y a deterioro de nuestro territorio”, mientras que en muchas ocasiones “obstaculizan el trabajo que podría impactar en la justicia social”.

La esposa del abogado hizo un llamado a los captores de su pareja pidiendo su libertad, y evitar “sacrificar más vidas inocentes”.

En demanda de la liberación de la presentación con vida de los defensores, se sumó la hija de Antonio Díaz, Brenda Díaz Valencia, quien en una llamada telefónica describió a su padre como un luchador social incansable, dedicado “al magisterio y a la comunidad indígena de San Miguel Aquila”, de donde fue presidente municipal cuando tenía 21 años, dedicado a “la protección y defensa de los derechos comunales desde hace muchos años, él sólo veía porque su gente esté bien, tenga justicia”.

Sergio Ocerarnsky destacó que por su condición de representante legal de comunidades indígenas en distintos estados del país, litigando contra megaproyectos extractivos y contaminantes del medio ambiente, Ricardo Lagunes ha recibido medidas de seguridad del Mecanismo de Protección federal y de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Oceransky, de la Fundación Yansa, resaltó que como parte de las movilizaciones para exigir la presentación con vida de los defensores, se instalaron bloqueos carreteros entre los límites de Michoacán y Colima, donde “numerosas comunidades que fueron acompañadas por Ricardo en defensa del territorio han hecho llegar mensajes de solidaridad”.

Al destacar que, en menos de cuatro días, la plataforma change.org ha recabado 11 mil 438 firmas para exigir la presentación con vida de los defensores y de que numerosos organismos sociales se ha solidarizado con los familiares y amigos de Ricardo y Antonio, Oceransky advirtió que este caso puede ser un parteaguas para revisar la actuación de los tribunales agrarios.

“Lamentable estado del sistema de justicia agraria, que tiene que ver con los ejidos y bienes comunales es disfuncional, no está procurando justicia, no está resolviendo los problemas, una de las raíces del problema el hecho de que los tribunales unitarios agrarios no funcionan, no hacen justicia sino lo contrario, por ello uno de los llamados es que esta situación (de la desaparición de los activistas) sirva para reparar el sistema de justicia agraria que tantos problemas está causando”, puntualizó.

Vía remota, desde Chiapas, Julián Vázquez Guzmán, de la organización Defensa Legal del Sureste, con quienes colabora Ricardo Lagunes, explicó que la comunidad de Aquila, a la que defiende el abogado desaparecido, se ha confrontado legalmente con el Tribunal Agrario Número 38 de Colima, por “la inconstitucionalidad y arbitrariedad con la que se han venido imponiendo grupos minoritarios de comuneros” tolerados por esa autoridad, que como otras similares “se ven sometidos a presiones de empresas extractivistas”.

A través de video conferencia, se sumaron a la exigencia de presentación con vida representantes de organizaciones comunitarias indígenas, con la que Ricardo Lagunes ha colaborado en su defensa.

Con mensajes de solidaridad, participaron Betina Cruz, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Trinidad Cisneros, de Defensores y Protectores del Futuro, de Ixil, Yucatán, y Carlos Yamá, del Colectivo Cantukún, de Kichil, Yucatán.