CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Pongamos límites. No le demos un poder absoluto a nadie en este país, a nadie”, pidió Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural.

“Si le damos un poder absoluto a los militares vamos a acabar corrompiéndolos completamente”, añadió.

Sin embargo, sin cambiar una sola coma, Morena y aliados en las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado, aprobaron el dictamen para que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional quede en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Después de más de tres horas de debate, con 9 votos a favor y 8 en contra, la comisión de Justicia avaló el dictamen. Mientras que, en la comisión de Estudios Legislativos, Segunda, fueron 9 votos a favor y 5 en contra.

El dictamen fue enviado para su discusión y eventual aprobación este jueves en el Pleno del Senado de la República. Las y los senadores acordaron discutir los artículos reservados mañana ante el Pleno.

Germán Martínez, exintegrante de la banca de Morena en el Senado, dijo que la intervención de los militares es necesaria por los niveles de violencia, pero que debe de ser solicitada por una autoridad civil, subordinada al poder civil, con facultades en la ley y en la Constitución, y en los tratados internacionales. 

“Debe de tener transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de responsabilidad, que yo no veo en la minuta”, dijo el legislador. 

“¿A qué hora van a transparentar el contratismo voraz de los militares?”, añadió, citando una frase contenida en el libro “2018. La Salida” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre la insistencia de los morenistas de que no se está militarizando la Guardia Nacional, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, preguntó:

“¿Cómo si va a estar controlada administrativa y operativamente por militares?, si su escalafón es militar, si ya no van a necesitar sus elementos permisos para portar armas que son de uso exclusivo del Ejército, si el nombramiento de su comandante se originaría en una propuesta militar y sus programas de capacitación y manuales van a ser militares… ¿Es o no es militar, un cuerpo que tiene estas características?”.

Massieu Salinas pidió una explicación a Morena y aliados de por qué si en 2019 aprobaron por unanimidad en el Congreso una Guardia Nacional con un mando civil y adscripción a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ahora cambiaron de opinión con este dictamen.

“Lo que estamos debatiendo es la militarización de la seguridad pública y sus implicaciones en los derechos fundamentales de los ciudadanos”, dijo.

Por su parte, Miguel Ángel Mancera, del PRD, criticó que uno de los argumentos de la pertinencia de la reforma está basado en “la popularidad de las Fuerzas Armadas”.

“Las Fuerzas Armadas están entrenadas para derrotar un objetivo, legítimo, mientras que la policía tiene la función de proteger y controlar a civiles”, reflexionó.

El exjefe de gobierno capitalino enlistó los puntos inconstitucionales del dictamen, entre ellos que en la reforma se contempla que el primer nivel de mando supremo sea un mando militar, contrario al artículo 21 constitucional que señala que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil.

También que el nombramiento del titular de la comandancia tendrá que ser a través de la participación militar y que se incorporan facultades de investigación a la propia Guardia Nacional.

“Tuvimos un debate amplísimo, cuando aprobamos la creación de la Guardia Nacional, de que siempre tendrá que ir acompañado con lo que dice el 21, es decir, facultades de investigación bajo el mando y conducción del ministerio público”, comentó.

Al comienzo de la discusión, Morena rechazó discutir la propuesta del PAN de que se reconsiderara un parlamento abierto. 

El dictamen que fue aprobado tal y como llegó de la Cámara de Diputados establece que la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá el control operativo y administrativo de la corporación y que el general secretario de la Defensa estará a la cabeza en la jerarquía de su estructura de mando.

Además, da al titular de la Sedena la facultad de organizar su distribución territorial y proponer adecuaciones a su estructura orgánica.

También, lo faculta para que proponga al titular de la comandancia al presidente de la República.

Asimismo, asigna a la Sedena la expedición de los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público de la Guardia Nacional y la elaboración de los programas operativos y de estrategia.

En unos de sus artículos indica que el personal militar asignado a la Guardia Nacional “continuará sujeto a la jurisdicción militar respecto de los delitos especificados en el libro segundo del código de justicia militar que atenten contra la jerarquía y autoridad”.

Mientras que, en los transitorios, dispone que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana transferirá a la Sedena en un plazo de 70 días naturales, los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional.