CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Amnistía Internacional alertó que la renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, por diferencias con la Fiscalía General de la República (FGR), “ponen en riesgo los avances logrados y amenazan con retrasar aún más el acceso de las familias de los estudiantes a la verdad, a la memoria y a la justicia”.

En un pronunciamiento, Amnistía resalta que la renuncia del fiscal se debió a “las indebidas injerencias en la investigación” por parte de agentes de la FGR ajenos al caso que promovieron el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión, 16 de ellas en contra de militares presuntamente implicados en la desaparición de los 43 normalistas, tal como lo reveló Proceso.

Las directoras de Amnistía Internacional para América Latina y para México, Érika Guevara Rosas y Edith Oliveres Ferreto, respectivamente, lamentaron la “total incertidumbre” en que han quedado las familias de las víctimas tras la renuncia del fiscal especial, por lo que llamaron a garantizar “la autonomía e independencia del trabajo de la Unidad Especial e Investigación”.

La organización urgió que instituciones del Estado “garanticen la autonomía e independencia de la UEILCA y atienda las injerencias denunciadas ya que estos hechos, además de frenar una vez más la investigación acrecientan la zozobra y la desesperanza en las familias de los 43 normalistas desaparecidos ante los constantes tropiezos de la investigación, que retrasa cada vez más el acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño integral”.

Amnistía Internacional llamó al Estado “a que no adopte represalias ni haya criminalización en contra del Fiscal Especial ni de los funcionarios de la UEILCA que trabajaban de manera independiente en el caso”.

La organización destacó que la UEILCA “ha logrado la detención de autoridades de alto nivel que podrían tener responsabilidad en las desapariciones y ha girado diversas órdenes de aprehensión contra otras autoridades, incluyendo militares”.

Consideró que los avances que tuvo la Unidad Especial se lograron “gracias a la independencia con que trabajó la UEILCA”, por tener personal dedicado exclusivamente al caso, por ser Gómez Trejo un fiscal que contaba con la confianza de las familias de los normalistas, por contar con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y porque “se cuidó la forma de comunicar la información, de tal forma que no se afectara ningún proceso judicial y el debido sigilo que se debe tener en todo tipo de investigación judicial”.

La organización reconoció que en los últimos cuatro años, el Estado mexicano había tenido avances encaminados al esclarecimiento de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Brugos, como la creación de la UEILCA, dependiente de la FGR, y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj-Ayotzinapa), cuya presidencia presentó recientemente un informe en el que se señala que lo ocurrido en Iguala la noche del 26 de septiembre fue “un crimen de Estado, así como la probable participación del ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes”.

A lo anterior, se suman las revelaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), “sobre la comunicación que mantenían integrantes del grupo criminal con elementos del ejército, marina y policías locales de Iguala y Cocula, antes de que sucediera la desaparición de los jóvenes normalistas”, apuntó Amnistía Internacional.

Para la organización, este contexto, que se suma a otros en los que el ejército mexicano se ha visto involucrado en graves violaciones a derechos humanos, “acrecienta el cuestionamiento sobre la idoneidad de que las fuerzas armadas sigan al frente de tareas de seguridad pública en el país, independientemente de otras actividades que corresponden de manera directa a instituciones del Estado creadas ex profeso para ello”.

Apuntó que los datos oficiales advierten de “la estrecha relación entre el aumento de la presencia de las fuerzas armadas en seguridad pública y el incremento de las desapariciones forzadas en el país: 97% de las 105 mil personas desaparecidas en México se han registrado en los últimos 16 años”.

Asimismo, de acuerdo a reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de 2019 a 2022 se registraron 58 quejas por desaparición forzada, “de las cuales en 55% son en contra de fuerzas militares”.

“A 16 años de instaurada una política de militarización de la seguridad pública del país, los datos evidencian que la crisis de los derechos humanos no aminora”, señaló Amnistía Internacional, tras llamar al Estado mexicano a “desarrollar e implementar un plan de retiro ordenado, progresivo y verificable de las fuerzas militares en las tareas de seguridad pública con miras a garantizar la no repetición de hechos como los ocurridos en Ayotzinapa”.

En un pronunciamiento, Guevara Rosas urgió a las autoridades a “evitar que la impunidad se perpetúe en este caso tan emblemático”, y tener a las familias “plenamente informadas y en el centro del proceso de decisiones, no sólo por la transparencia que se debe mantener con ellas, sino también para garantizarles su derecho a la verdad, y a una reparación integral de los enormes daños que han vivido a lo largo de estos ocho años”.

Edith Olivares insistió en que el Estado está obligado no sólo a garantizar la autonomía de la UEILCA y sus recursos humanos y materiales, sino “el debido proceso, para evitar cualquier error que implica el desarrollo de los procesos judiciales y pueda poner en riesgo el derecho a la justicia a quienes resulten responsables de este atroz crimen”.