CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, condenó la filtración del informe en el que se detalla la manera en que habrían sido asesinados los 43 normalistas de Ayotzinapa, y solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que abra una carpeta de investigación al respecto.

En su cuenta en Twitter, Encinas Rodríguez consideró que es “absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos” la revelación del informe.

También en Twitter, la periodista Peniley Ramírez dio detalles del “Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa”.

Dicho informe fue distribuido por la Comisión, pero la mayor parte estaba tachado para ocultar información que el organismo consideraba sensible.

Peniley Ramírez publicó fragmentos de las conversaciones entre exfuncionarios, militares e integrantes del crimen organizado, en las que detallan la forma en que fueron desaparecidos los restos de los normalistas.

Al respecto, Encinas Rodríguez consideró que “este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad”.

“El mismo gobierno que defiende a Julian Assange”, respondió Peniley Ramírez también en Twitter.

Centro Prodh ve un “entorno enrarecido”

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), emitió un comunicado en el que también la menta la filtración del informe, por considerar que revictimiza a las familias de los normalistas.

Sin embargo, hizo un llamado a investigar a los funcionarios que filtraron el documento, y no a la prensa que lo divulgó:

“Recordamos que ante las filtraciones debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, no a la prensa”.

En el comunicado, también expresan su preocupación sobre la información de que la misma FGR, “de forma en extremo inusual”, solicitó la cancelación de órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y militares presuntamente involucrados en la desaparición de los estudiantes, como lo publicó Proceso en su edición 2395.

Además, rechazó la pretensión de denunciar penalmente a jueces que exoneraron a presuntos involucrados, al recordar que “fiscales y ministerios públicos son quienes deben rendir cuentas, pues por sus acciones y omisiones se llegó a este extremo”.

Tras considerar que estamos ante un “entorno enrarecido”, reiteraron que “estaremos analizando los alcances legales de esta decisión, como estamos analizando la solidez de los procesos penales iniciados recientemente”.