TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Manuel “N”, un migrante indígena  tseltal murió en el estado de Michoacán debido a la negligencia de las instituciones gubernamentales federales y estatales, denunciaron este lunes organizaciones civiles que demandan indemnización para los familiares del occiso, también exigen revisan las condiciones en que laboran miles de jornaleros en los campos agrícolas de esa entidad.

Activistas del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, del Centro de Derechos Indígenas A.C. y de la Colectiva Feminista Mujeres Andando por Atonomias Sororales, aseguran el pasado 13 de agosto falleció en el IMSS de Zamora, Michoacán, Manuel a causa de una serie de negligencias médicas y laborales después de que se le diagnosticó insuficiencia renal provocada por los agroquímicos que empleaba en la fumigación de la empresa El Cerezo.

Manuel tenía 33 años y era originario de la comunidad de Sacjun San Pedro, municipio de Chilón, Chiapas, donde se dedicaba a la siembra de maíz y café; también participaba en actividades comunitarias.

Para obtener mayores ingresos económicos viajó a Michoacán a finales de junio pasado. Inició sus labores cono fumigador el 1 de julio, Quince días después fue ingresado de gravedad a un hospital del IMSS por un cuadro crítico de intoxicación, por lo que estuvo en terapia intensiva durante tres días.

El 20 de julio fue dado de alta y le informaron que su riñón “estaba intoxicado” y le recomendaron seguir un tratamiento de hemodiálisis hasta que se recuperara de su riñón.

El 12 de agosto, tras sufrir un paro cardíaco reingresó al mismo hospital del IMSS.

El médico que recibió a Manuel llamó a su hermano y le dijo: “Te informo que tu hermano va a fallecer y te aviso para que no te sorprenda”. Al día siguiente falleció Manuel.

Los activistas defensores de derechos humanos denuncian que hubo un trato racista y clasista por parte de médico y de la empresa que contrató a Manuel como fumigador. Sostiene que, por lo general la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del gobierno federal y la Secretaría de Salud no revisan los contratos laborales de los jornaleros en Michoacán; en el caso de Manuel ni siquiera le dieron un contrato escrito.

Por lo que respecta a la empresa El Cerezo, nunca pagó nunca las incapacidades correspondientes a Manuel ni lo apoyó económicamente su tratamiento de hemodiálisis ni sus medicamentos, tampoco lo asesoró para la obtención de información clara y precisa de su enfermedad.

Los activistas aseguran también que durante su trabajo como fumigador no le dieron a Manuel el equipo adecuado para su protección –cofia, lentes y ropa–. Él sólo usó un cubreboca sencillo que tenía.

En el albergue donde pernoctaba Manuel y los demás jornaleros nadie podía expresar su descontento por temor a ser despedido por la empresa.

Denuncian también que a su ingreso al Hospital del IMSS con un cuadro grave Manuel no fue atendido con eficacia; tampoco les informaron a sus familiares; tampoco contó con un intérprete ni traductor. Y cuando falleció no pagaron sus servicios funerarios y la familia de Manuel tampoco fue indemnizada.

El indígena tseltal tampoco tuvo acompañamiento de la Secretaría del Migrante del gobierno de Michoacán ni asesoría, por lo que hacen un llamado al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para que haga cumplir el convenio de colaboración con la STPS que firmaron en marzo de este año, donde anunciaron mejores condiciones de trabajo para los y las trabajadoras agrícolas, para que se garantice para la familia de Manuel.

Manuel regresó a su comunidad, pero en cenizas. No pudo volver a abrazar a sus tres hijos ni a su esposa, ni ver crecer la milpa ni el cafetal de esta temporada, ni compartir sus experiencias a su familia.