CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar a Israel Vallarta porque se encontraron elementos que demuestren su inocencia tiene "cierto malentendido", pues en sus 17 años de cárcel sin sentencia "no hay un solo elemento que demuestre su culpabilidad", aseveró la periodista Emmanuelle Steels.

"Eso que tiene que demostrar su inocencia, no sé en qué sistema de justicia se hace; es un absurdo: es a la Fiscalía General de la República (FGR) la que le toca probar la culpabilidad", sentenció la autora del libro "El Teatro del Engaño", en el cual documentó la serie de aberraciones jurídicas y los delitos cometidos por altos funcionarios de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, durante la persecución contra Florence Cassez e Israel Vallarta.

Durante una presentación del libro, Mary Sainz, la esposa de Israel Vallarta, informó por su parte que López Obrador instruyó a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que instale una mesa de estrategia con abogados para resolver los casos pendientes y evitar que la FGR lo vuelva a encarcelar por "un capricho". Estimó que sus familiares políticos merecen una disculpa pública.

Según la mujer, después de una marcha realizada el pasado 7 de septiembre, el equipo de Rodríguez la tranquilizó: "señora Mary, queremos que usted y su familia estén tranquilos porque Israel se va libre (...) las carpetas no tienen nada".

René Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, quien también fue detenido, torturado, puesto en una cárcel de máxima seguridad y posteriormente absuelto, denunció que apenas en diciembre pasado fue víctima de otra tentativa de secuestro por un policía uniformado y otros vestidos de civil, por lo que su pesadilla aún no termina.

"Gracias al presidente, aunque sigan habiendo algunas trabas", lanzó el familiar.

Tres de los policías --de la Ciudad de México y de la Fiscalía capitalina-- que pretendieron secuestrarlo han sido detenidos y otros están prófugos, informó el abogado defensor de derechos humanos, David Peña.

Hasta el momento, los policías han señalado que se trató de extorsión, pero la defensa está buscando un acuerdo para determinar si actuaron bajo instrucciones para detenerlo de nuevo en la Fiscalía Antisecuestros.

El abogado denunció que dentro de la Fiscalía sigue imperando un sistema de corrupción encabezado por el propio fiscal general Alejandro Gertz Manero, cuyo equipo ha frenado las denuncias por tortura y responsabilidad de funcionarios públicos en los casos Vallarta.

Según Steels, las supuestas pruebas materiales incluidas en el expediente contra Israel Vallarta juegan incluso a su favor, pues tanto los vehículos y las armas "sembradas" por las autoridades, las credenciales de elector, o los peritajes de voz lo eximen de cualquier responsabilidad.

"Dicen que Israel Vallarta tiene otros secuestros; no tiene más secuestros: todos provienen de este montaje, todas son víctimas reunidas por (el empresario) Eduardo Margolis en su proyecto de venganza", agregó.

Tras el éxito de la serie de Netflix "El Caso Cassez" --derivado de un libro de Jorge Volpí, a su vez basado en la investigación de Steels--, la situación de Israel Vallarta regresó al primer plano de la vida política del país, pues obligó el presidente López Obrador a pronunciarse a favor de su liberación.

Sin embargo, el hombre y dos familiares siguen en la cárcel, acusados de formar parte de una supuesta banda de secuestradores, llamada Los Zodiaco, que según investigaciones periodísticas fue una invención del grupo de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, que se enquistó en el sistema judicial del país.

Alejandro Cortéz Vallarta, sobrino de Israel Vallarta --y también víctima de detención arbitraria y tortura en 2012, acusado de ser secuestrador--, recordó que estos dos verdugos de su familia están actualmente presos; el primero en Estados Unidos, acusado de trabajar para el Cártel de Sinaloa mientras encabezaba la seguridad pública del país, y el segundo en México, por haber participado en actos de tortura contra familiares de Vallarta.

Cortéz fue absuelto en 2016, y junto con familiares presentó una denuncia por tortura; sin embargo, la misma no fue recibida. "Todavía hay tentáculos de la exPGR", denunció el hombre, quien deploró que en su caso "no han ido por la cadena de mando".

Aseguró que uno de sus torturadores, Enrique Guevara Montiel, permanece en el sistema de seguridad del país: es miembro activo de la Guardia Nacional.

Su hermano, Juan Carlos, denunció la campaña mediática que sufrieron cuando fueron absueltos, principalmente en el noticiero de Javier Alatorre en TV Azteca y a través de la voz de la controversial activista panista Isabel Miranda de Wallace.

Laura Barranco era colaboradora de Carlos Loret de Mola cuando éste difundió el montaje televisivo que puso en escena el operativo policiaco el Rancho Las Chinitas, y sirvió al gobierno para justificar el encarcelamiento de Cassez y Vallarta.

Barranco, quien pidió a Loret de Mola que detuviera el programa porque estaban torturando a Vallarta durante el enlace en vivo, aseveró que Televisa borró a propósito el rostro de Luis Cárdenas Palomino mientras el jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI) apretaba a Vallarta por el cuello durante la transmisión en vivo, por lo que, en su opinión, la televisora no puede alegar que fue engañada.

René Vallarta Cisneros denunció por su parte que Pablo Reinah, el reportero que acudió al montaje televisivo para el noticiero de Loret de Mola, es "tan torturador como Cárdenas Palomino", pues fue testigo y actor protagónico en la tortura de Israel Vallarta. Steels incluso recalcó que, en una ocasión, Vallarta le dijo que Reinah lo había golpeado personalmente.

"Hemos sido el blanco de amenazas", recalcó Barranco, quien recordó que Azucena Pimentel Mendoza, entonces productora de Televisa y actual directora general del programa Aprende Mx, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha amagado con demandarla en reiteradas ocasiones. Steels, por su parte, señaló que Pablo Reinah amenazó con denunciarla.

"Yo no encuentro una cosa sólida que mantenga presas a tres personas evidentemente inocentes", abundó Barranco, y soltó: "ya no hay gente de buena fe o de buena voluntad que se crea el cuento que son secuestradores, han aparecido perfiles en redes sociales, pero son cuentas que tienen un origen y una motivación distintos".

La periodista expresó su indignación ante las declaraciones de los sucesivos secretarios de Gobernación de López Obrador --Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto López Hernández--, quienes afirmaron que Vallarta permanecería en la cárcel porque tiene otros casos abiertos.

Ello, añadió, es una "locura", pues desde 2005 Vallarta nunca ha sido notificado sobre otros casos.

Y, aportando su opinión en el debate candente sobre la prisión preventiva oficiosa --apoyada por el gobierno de López Obrador--, urgió: "Tenemos que terminar la prisión preventiva oficiosa, es la mejor arma institucionalizada para que se sigan escribiendo libros como ese".