CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El decreto que oficializa la transferencia del “control operativo y administrativo” de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), establece que sus soldados serán sujetos a la justicia militar.

El decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) plantea que los uniformados serán reconocidos como personal en activo del Ejército y Fuerza Aérea, y que responderán a la “jurisdicción militar respecto de los delitos especificados en el Libro Segundo del Código de Justicia Militar que atenten contra la jerarquía y la autoridad”.

Las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas por el Congreso modifican diversas leyes –incluyendo la de la Administración Pública y la de la Guardia Nacional– y plantean que la Sedena ejerce ahora el “control operativo y administrativo de la Guardia Nacional”, que incluye el manejo de sus recursos –el gobierno pretende asignarle 64 mil millones de pesos para 2023–, de sus contratos y de sus recursos humanos.

La decisión de López Obrador de entregar la Guardia Nacional a la Sedena, aprobada en fast track por las cámaras de Diputados y de Senadores, fue severamente cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos mexicanas y organismos internacionales –incluyendo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos–, que desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa han denunciado la política de militarización de la seguridad pública.

Con el decreto publicado anoche, la Guardia Nacional obedece a una estructura jerárquica –integrada por Comandancias, Coordinaciones Territoriales, Coordinaciones Estatales y Coordinaciones de Unidad– designada por la Sedena, y que en cuestiones operativas responde a la institución castrense.

El decreto relega a segundo plano la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que pierde el control de la Guardia Nacional y tiene 60 días para transferir todos los recursos a la Sedena. La dependencia, dirigida por Rosa Icela Rodríguez, guarda la responsabilidad de las cárceles, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) –aunque su titular, Audomaro Martínez Zapata, es un militar– y de la seguridad de los edificios oficiales.

Aunque la SSPC tiene todavía entre sus atribuciones la de “formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, el decreto acota esta asignación, pues otorga al titular de la Sedena la facultad de “formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en lo aplicable a la Guardia Nacional, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional”.