CIUDAD DE MÉXICO (apro).–La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará si confirma o no el amparo concedido a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, contra la inhabilitación para ocupar un cargo público durante 10 años que le fue impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El amparo le fue concedido a Robles Berlanga desde el pasado 15 de junio por el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la Ciudad de México, le concediera un amparo contra la decisión de la SFP.

“Este Tribunal Colegiado concluye que artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es inconstitucional, por simplemente sancionar severamente cualquier “falta a la verdad”, sin atemperar las condiciones de comisión de la infracción, como podría ser, la culpa o el dolo, figuras que, si bien son propias del derecho penal, pueden resultar perfectamente aplicables a casos como el presente”, señalaron los magistrados.

Por ello, el Colegiado ordenó enviar de nuevo el expediente a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que revise nuevamente el caso y dicte una nueva resolución sobre la inhabilitación de Robles Berlanga.

Sin embargo, la sentencia del Colegiado fue impugnada a través de un recurso de revisión tramitado por la SFP, mismo que, según registros judiciales, ya fue admitido a trámite por la presidencia del máximo tribunal.

“Se admite el recurso de revisión que hace valer el Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, en su carácter de tercero interesado”, señala el acuerdo de la presidencia.

El expediente fue turnado a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá quien deberá presentar en los próximos meses un proyecto de resolución en el que determine si fue correcto o no que se le concediera el amparo a Robles Berlanga.

El proyecto que presente el ministro González Alcántara Carrancá, deberá ser analizado y votado por la Primera Sala de la Corte.